Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

628
❚ Los documentos importantes de la actividad del gobierno a los niveles
más altos de formulación de políticas, toma de decisiones y gestión
de programas sólo se estaban transfiriendo al AN de manera esporádica,
coincidiendo con una desproporcionada representación archivística
y una adquisición de documentos que documentaban actividades de
bajo nivel, burocráticas.
❚ La naturaleza de las actividades del gobierno había evolucionado significativamente
desde los años sesenta del siglo veinte, cambiando en
último extremo la naturaleza de la documentación que creaba y gestionaba,
y dando como resultado lo que nominalmente pasaba por criterios
de valoración archivística en gran medida inadecuados o ineficaces.
❚ No existía coherencia ni constancia en la naturaleza de la toma de decisiones
sobre valoración a nivel operativo de implantación (variaba de
persona a persona o de aplicación a aplicación).
❚ El volumen de documentos producidos o acumulados por el gobierno
había crecido en tal medida que ya no era factible ponderar su valor archivístico
expediente por expediente ni documento por documento.
De hecho, las circunstancias se habían vuelto completamente insostenibles,
en la medida en que los documentos del gobierno estaban siendo adquiridos
por el Archivo Nacional bajo un proceso de retención selectiva, esto
es, la decisión real acerca de su valor archivístico o histórico se estaba posponiendo
a una fecha posterior para satisfacer el requisito administrativo inmediato
de producir normas de valoración y selección de documentos para
los departamentos y las agencias. Con independencia de los resultados intelectuales
y de las cada vez más dudosas naturaleza y constitución de la memoria
pública obtenida mediante la aplicación de una taxonomía de valores
de información a la producción y a los productos documentales del gobierno,
el proceso de valoración era enormemente incómodo y lento. De manera
muy clara, el sistema que el Archivo Nacional utilizaba para ponderar el
valor de los documentos del gobierno a efectos de su conservación a largo
plazo no era un sistema en absoluto, y la institución estaba fracasando en
satisfacer los nuevos requisitos de la legislación que la capacitaba y le encargaba
la valoración y la selección de los documentos del gobierno. Además,
algunas de las decisiones recientes del AN acerca del valor archivístico o histórico
y la conservación de ciertos documentos del gobierno estaban siendo
cuestionadas por autoridades externas a la institución (por muy buenos motivos),
y había muy poca lógica ni documentación para racionalizar estas decisiones
de manera satisfactoria y responsable (Cook, 2002, 37-65) 15 . A pos-