Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

mentos o el cambio de soporte y, en su caso, destrucción de originales en
papel. Y los Reales Decretos 3/2010, de 8 enero y 4/2010, de 8 enero, reguladores
respectivamente de los Esquemas Nacionales de Seguridad (en adelante
RDENS) e Interoperabilidad (RDENI).
Los principios generales de la LAE | La LAE enuncia una serie de principios
generales que no son distintos de los predicables en el modelo de Administración
tradicional, aunque sí incorpora otros rectores, característicos de
la Administración Electrónica (Martínez, 2009, 252-474; Gamero, 2008, 69
y ss). Todos ellos, en mayor o menor medida, tienen una estrecha relación
con la gestión documental y archivística. Podemos señalar, entre otros, los
principios de integridad de garantías35 y de equivalencia de soportes. El primero
supone considerar siempre un nivel equivalente de garantías, con indiferencia
de si el trámite es en papel o electrónico, mientras que el segundo,
derivado del art. 45.5 LRJPAC, aún vigente36 , comporta diferenciar entre el
acto administrativo, el documento en el que se dicta el acto y el soporte (vid.
nota 42). Si bien la LAE no dice nada parecido, el principio está presente en
muchos de sus artículos37 .
Íntimamente conectado con los anteriores, el principio de igualdad (art.
4.b LAE) supone que en ningún caso el uso de medios electrónicos dará lugar
a la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se
relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos. Es
un reconocimiento de la inevitable coexistencia, al menos temporal, de documentos
híbridos, pese a que, como veremos, la LAE contiene toda una serie
de disposiciones encaminadas a la transformación de soportes, algo imprescindible
en el camino hacia una auténtica Administración Electrónica.
El principio de proporcionalidad (4.g LAE) ha de entenderse como la adecuación
de las exigencias legales y de seguridad, así como los datos estrictamente
necesarios, a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y
actuaciones. En él se fundamenta el derecho a no aportar datos y documentos
que obren en poder de la Administración (art. 6.2.b), derecho que viene
a superar cualitativamente el enunciado del art. 35.f LRJPAC puesto que no
se limita ya a documentos —electrónicos— sino que se refiere también a datos,
y que precisa necesariamente del intercambio interadministrativo de
unos y otros. Esto último nos lleva a la cuestión de la interoperabilidad que,
aunque no se ha incorporado a la LAE como tal principio, así es considerada
por algunos autores, dado su carácter transversal y de fundamental importancia
(Martínez, 2009, 270-277) 38 . Y también a la apuesta por el uso de estándares
abiertos, regida por el principio de neutralidad tecnológica (art. 4.i
LAE). Otra dimensión del principio consiste en la no exigibilidad de firma re-
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