Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

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ta configuración se ha interpretado positivamente en algunos casos (Serra,
2007, 4), mientras que otros autores han manifestado cierta desconfianza
ante el riesgo de que la finalidad de la conservación abandone el ámbito del
interés público para adscribirse al del interés particular (Cotino, 2008, 209).
Acerca de de esto último, por ejemplo, se plantea la duda, a la luz de los hechos,
sobre la incidencia del derecho de cancelación reconocido a los ciudadanos
en la normativa en materia de protección de datos. Pues no parece
admisible que exista un derecho incondicional del titular a la cancelación de
los datos en poder de las administraciones públicas cuando éstos cumplen
los requisitos legalmente establecidos (entre otras, por la propia LOPDP) en
cuanto a su recogida, tratamiento, uso y conservación63 .
Asimismo, resulta innegable que ese derecho a la conservación camina
paralelamente a una asunción creciente de responsabilidad por parte del ciudadano
en la custodia de originales.
Es cierto que no pueden obviarse las normas generales sobre destrucción
de la documentación administrativa, que la propia LAE y su desarrollo reglamentario
contemplan, al regular específicamente tanto la posibilidad de destrucción
del soporte papel original (art. 30.4 LAE y art. 46 del RDDPLAE) como
la destrucción de documentos electrónicos (art. 52 RDDPLAE) —aunque,
en este último caso, no se contempla procedimiento alguno— 64 . Pero no lo
es menos que, con el advenimiento de la Administración Electrónica, quizá
haya llegado el momento en que esas reglas se perfeccionen y completen.
En materia de eliminación, por ejemplo, muchas decisiones se han tomado a
lo largo del tiempo de forma sectorial y aplicando normas jurídicas con fines
diferentes y, específicamente, interpretando los plazos de prescripción como
reglas de conservación de los documentos —o de acceso a ellos— (Palomar,
2007, 47-48; Torreblanca, 2009, 44) 65 .
El Art. 31 LAE regula el archivo electrónico de documentos, aunque no lo
define ni siquiera en su Anexo:
1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados
en las actuaciones administrativas.
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten
a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes
de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento
o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información
necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de
trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde
diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar