Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

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Es importante recordar que todos los ciudadanos (tanto personas físicas
como en el ámbito de la actividad empresarial o profesional) en algún momento
de nuestra vida tenemos contacto con la administración pública (en
cualquiera de sus niveles estatal, autonómica o local). Así pues, las administraciones
públicas no pueden quedar al margen de la realidad social.
Es en el año 2007, con la publicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el momento
en el que se produce el impulso definitivo a la integración de la tecnología
en la actividad de la administraciones públicas. Esta regulación reconoce
el derecho de los ciudadanos —y no sólo la posibilidad— de acceder
mediante comunicaciones electrónicas a la Administración. La Ley 11/2007
da el paso del «podrán» al «deberán» es decir, lo que en la ley 30/1992
se planteaba como algo opcional y recomendable en la Ley 11/2007
pasa a ser una obligación.
La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
supone un cambio trascendental en el modelo establecido de relación
con el ciudadano. De hecho, su razón de ser es el mejor servicio al ciudadano.
Se plantea que esta ley debe ayudar a configurar una administración
moderna, desde el convencimiento de que las tecnologías de la información
permiten salvar las barreras que se interponen entre el ciudadano y
una administración compleja, con muchos ámbitos y diferentes niveles de
proximidad al ciudadano. Al hablar de barreras, nos referimos al exceso de
tiempo que se dedica a los trámites, al desplazamiento hasta la ubicación física
de la administración, etc…
Su ámbito de aplicación es la Administración General del Estado, la Administración
de las Comunidades Autónomas, la Administración Local, y es
aplicable a las relaciones ciudadanos–administraciones públicas y a las relaciones
entre Administraciones.
No está de más recordar los principales derechos que se le reconocen al
ciudadano:
❚ Elegir el canal de relación con los servicios de las AAPP.
❚ No aportar datos ya en poder de las AA.PP.
❚ A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos.
❚ A obtener copias electrónicas de documentos que formen parte de procedimientos
en los que tenga condición de interesado.
❚ A la conservación electrónica del documento.
❚ A obtener los medios de identificación electrónica necesarios para cualquier
trámite electrónico con cualquier administración pública.