Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

tros, se amplía a la mejora en general de servicios y procesos. Ya no se trata,
pues, de tecnificar la gestión administrativa tradicional: se trata de canalizarla
por entero a través de medios electrónicos.
El cambio de perspectiva obedece no sólo a la evolución de las TIC, sino
también a la cada vez mayor presencia de las mismas en el entorno doméstico
y a la creciente interactuación multicanal de los ciudadanos con las administraciones
públicas. Se pasa así del tradicional uso interno de dichas tecnologías
por parte de esas administraciones5 a la relación electrónica con el
ciudadano y con las personas jurídicas, públicas y privadas. En el caso español,
como veremos más adelante, esto puede apreciarse en la evolución normativa
a partir de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administración Pública y del procedimiento administrativo común (en
adelante LRJPAC) y hasta la reciente Ley 11/2007, de 11 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en adelante LAE), sin
olvidar otras normas sectoriales y autonómicas6 .
Se amplía, por tanto, el contexto en que la Administración electrónica ha
de ser entendida. En primer lugar, es preciso establecer quiénes son sus
agentes, los protagonistas en mayor o menor medida de su diseño, desarrollo
y aprovechamiento, pues sus respectivos estatutos jurídicos y finalidades
determinan en gran medida las normas que articularán la nueva realidad:
Ciudadanos y personas jurídicas privadas como usuarios de servicios, proveedores
o sujetos obligados, otras Administraciones Públicas... Y también cómo
se relacionan esos agentes entre sí: administraciones públicas con ciudadanos,
administraciones públicas con empresas, administraciones públicas
entre sí, con sus empleados, etc. Identificarlos es premisa imprescindible para
la regulación, específica según los casos, de aspectos clave como, por
ejemplo, la respectiva acreditación de la identidad o la autenticación de unos
y otros en las relaciones electrónicas.
En segundo lugar, hay que subrayar que el concepto de Administración
electrónica es aplicable a todas las administraciones públicas, independientemente
de su titularidad; tanto a la Administración General del Estado como
a las Comunidades Autónomas, administraciones locales, órganos constitucionales,
etc. Y que, en tanto concepto teleológicamente amplio, la Administración
electrónica impone la integración, la normalización, la intercomunicación...
En una sola palabra, la interoperabilidad, objetivo ineludible y,
por ello mismo, perseguido a escala transnacional7 .
Finalmente, podríamos establecer una miríada de clasificaciones de la Administración
electrónica según la finalidad que se persiga (por tipos de servicio
según el grado de interacción, según la naturaleza de la transacción, el
canal de comunicación, etc.). Pero, en todo caso y centrándonos en el obje-
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