Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

dichas limitaciones, nebulosas y susceptibles de interpretarse arbitrariamente,
no permitirían hablar de una Administración transparente (en realidad no
lo permiten: son límites contenidos en el art. 37.4 de la Ley 30/1992). Y ello
con independencia de si estamos hablando de tramitación electrónica o en
papel. Por eso transparencia administrativa, en este contexto, puede tener
dos significados o, quizá mejor, dos rangos:
❚ Entendida sólo como mas eficiencia (sencillez, rapidez, comodidad...) Se
puede ahorrar tiempo y trámites, disminuir los errores y ser muy eficiente
y, por contra, ser la administración menos transparente del mundo, pues
todo ello no necesariamente implica cambios cualitativos en la relación
administración-ciudadano desde tal perspectiva.
❚ Entendida, de forma global, no sólo como más eficiencia, sino como
una característica de las administraciones públicas que se traduce en que
las limitaciones al acceso a la información sean las imprescindibles; claras
y derivadas de la protección real de otros bienes constitucionales, cuyo
juego habrá de ponderarse adecuadamente. Y limitaciones con plazo de
caducidad determinado.
Lo que define a la transparencia en el ámbito administrativo no es sino el
acceso a la información en poder de las administraciones públicas, esto es,
derecho de acceso puro y simple, consagrado en el art. 105.b de la Constitución
y desarrollado —de modo casi unánimemente criticado— 76 en el art.
37 LRJPAC. Una norma que, con el advenimiento de la Administración Electrónica
y la consagración del derecho de acceso electrónico a los servicios públicos,
queda aún más en evidencia, pues la tecnificación de los procedimientos,
si no media dicho cambio, sólo se diferencia en el contexto de la AE en
la inmediatez, en la no necesidad de desplazamiento físico (lo cual, ciertamente,
no es poco), pero no puede venderse como mayor transparencia salvo
que degrademos un tanto el verdadero significado del término en el contexto
de la información administrativa. Lo mismo sucedería con el término
«democracia»: un mayor, más preciso y rápido conocimiento de los intereses
u opiniones de los ciudadanos puede ser beneficioso para la democracia si
se articulan los mecanismos para la traducción efectiva de los mismos. Lo
contrario, sin embargo, sería tan sólo una encuesta tecnológicamente más
elaborada en donde el medio se confunde con el fin.
Por lo demás, la LAE, en su art. 6.1, se limita a un reenvío en bloque al
art. 35 LRJPAC (y, por ende, al 37, regulador del derecho de acceso a los registros
y archivos de las Administraciones públicas) y además reconoce, en
materia de transparencia, los derechos siguientes:
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