Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

En cualquier caso, parece oportuno hacer varias precisiones: en primer lugar,
desde la perspectiva de la Teoría de la prueba, lo correcto no es regular
el valor probatorio de la firma electrónica, sino el valor probatorio de los documentos
firmados electrónicamente, pues la firma no es un medio de prueba
en sí misma. Tan es así que la propia definición que de documento electrónico
incorpora la LFE lo considera soporte de documentos públicos que lo
son por estar firmados electrónicamente19 . En palabras de PALOMAR OLME-
DA, «las cosas son lo que deben ser» y lo que hace la tecnología es proporcionar
un soporte distinto a la formalización de los actos administrativos (Palomar,
2007, 167-170). Y, en segundo lugar, firma electrónica es un término
que, respondiendo a una misma finalidad, en la actualidad puede significar
cosas bien distintas en cuanto a la técnica empleada (vid. nota 13), como veremos
en su momento al referirnos al código seguro de verificación.
La Ley 30/1992 y la evolución hacia el documento electrónico en el
contexto de los procedimientos administrativos | Es verdad que el estado
de la tecnología hace diez años planteaba no pocas dudas entre los administrativistas
y otros representantes del mundo del Derecho. Tampoco ayudó
mucho la declaración contenida en el Preámbulo de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (en adelante LRJPAC) cuando proclamaba
la caducidad de las técnicas formalistas, supuestamente garantistas,
frase calificada por alguno de verdadera bobada (González, 1993, 555) y
que parecía significar que una mayor eficacia en la actividad administrativa
sólo era posible a costa de las garantías que el procedimiento administrativo
y, en definitiva, el Derecho administrativo establecen en el marco de nuestro
Estado Social y Democrático de Derecho. En otras palabras, el procedimiento
administrativo se mantiene como garantía de la actividad administrativa.
La LRJPAC digitaliza la actividad administrativa, permitiendo otras vías o soportes
de la información o comunicación dentro del procedimiento, cuyo carácter
de garantía de una actuación formal permanece inmutable. Es evidente
que ni la tecnificación ni la reorganización institucional y procedimental de
las Administraciones Públicas que conlleva el desarrollo de la Administración
Electrónica son causa suficiente para modificar ni el estatuto básico de la Administración
Pública, ni las condiciones de validez de su actuación ni los derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con ella, de acuerdo con el principio
de equivalencia de dichos derechos y que la LAE, como veremos más
adelante, recoge.
Desde una visión retrospectiva, la aparición de las TIC había visto ya la regulación
de aspectos tales como la aparición de nuevas figuras contractua-
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