Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

normas que soportan el entramado de la Administración electrónica en
nuestro país.
A modo de inciso, desde ámbitos impulsores de la Administración electrónica
y, significativamente, empresariales —también políticos— se ha argumentado
en ocasiones que dichas normas, aunque «bien intencionadas, inhiben
la innovación». Sin querer caer en el sempiterno victimismo de la profesión,
dado que la cuestión del archivo electrónico, desde una perspectiva
normativa, apenas ha sido abordada hasta ahora, quizá no esté de más recordar
que las administraciones públicas se rigen por el Derecho administrativo,
aunque la huida del mismo, en acepción muy extendida entre la doctrina,
sea algo frecuente. El equilibrio entre modernización y regulación del
funcionamiento de las administraciones públicas es delicado pero imprescindible.
Aunque deba considerarse la aplicación de determinados criterios propios
del sector privado para llevar a cabo su función más eficientemente, dicho
funcionamiento nunca podrá ser equiparable sin más al de las empresas
privadas y habrá de realizarse siempre con pleno sometimiento al Derecho.
Porque es evidente que el principio constitucional de eficacia no puede entenderse
de igual forma en las Administraciones Públicas que en el ámbito
privado, de la misma manera que los fines no son los mismos.
Esto viene a cuento porque existe toda una serie de obligaciones normativas
en torno a los documentos públicos, a su autenticidad, a su conservación,
ya como constancia de derechos y de deberes, ya como bienes del Patrimonio
Documental, pese a que, en la vorágine de la Administración Electrónica,
su gestión —en definitiva, la del archivo electrónico— parecía haberse
dejado en un cierto segundo plano (Software, 2009)…
Por otra parte, no son iguales los riesgos que presentan las TIC en comparación
con los medios tradicionales en cuanto a la preservación de derechos
relacionados con la información. Las aplicaciones de Administración
electrónica deben proteger los derechos de los ciudadanos relativos a la protección
de sus datos personales y de su intimidad en un entorno abierto (Internet)
y no del todo seguro; o respecto a las consecuencias que para las garantías
del ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas puedan
derivarse de la implantación de la Administración Electrónica y que nos
sitúan, entre otras cuestiones, ante la denominada brecha digital.
Cómo se concilie todo esto con políticas de transparencia y, en concreto,
con el ejercicio activo del derecho constitucional al acceso a archivos y registros
públicos (art. 105.b de la Constitución española) es algo que está plenamente
por definir.
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