Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

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conocida en la LAE (sólo se menciona la avanzada), no sobredimensionando
las exigencias de seguridad al documento electrónico frente al documento
en papel (Serra, 2007) 39 .
Otros principios enunciados o contenidos en la LAE son el de legalidad y
reserva de ley (art.27.1 LAE), de acuerdo con la regulación de derechos subjetivos
de los ciudadanos y aplicable en caso de imponérseles el uso de medios
electrónicos. Sólo cuando ese uso sea voluntario podrá regularse reglamentariamente,
salvo en ciertos casos; el de accesibilidad a la información y
a los servicios por vía electrónica (art. 4.c LAE) 40 ; de simplificación administrativa
(Art. 4.j); o el de transparencia y publicidad (art. 4.k)
Los derechos de los ciudadanos en la LAE | Decíamos al principio de
este trabajo que la Administración pública se explica a partir de la finalidad
de su actuación al servicio a los intereses generales. Ello, sin embargo, no es
óbice para que, progresivamente, el ciudadano haya fortalecido su posición
frente a la Administración Pública como titular de derechos y demandante de
mejores servicios. Servir mejor a esos derechos es el objetivo básico de la Administración
Electrónica en general y de la LAE en particular. La LAE es una
ley de derechos que, con todo, no parte de cero, pues ya la LRJPAC contenía
un catálogo de derechos del administrado respecto de las Administraciones
Públicas en su art. 35 (sin olvidar el art. 37, que desarrolla el derecho
105.b CE al acceso a archivos y registros).
Sobre el particular, no entraremos aquí a analizar aspectos, por otra parte
fundamentales, como la estructura o la naturaleza subjetiva de los derechos
reconocidos en la LAE. O su exigibilidad41 . Baste decir que todos ellos
parten de o confluyen en el derecho a la relación electrónica («por medios
electrónicos») con las Administraciones Públicas, consagrado en el art. 6.142 y cuyo contenido comprende una serie de elementos generales, entre los
que destacan su carácter voluntario —y revocable—, basado en el principio
de consentimiento expreso como regla general43 ; o su ejercicio no condicionado
al uso de formularios predeterminados44 . Las razones técnicas para esto
último son evidentes: las transacciones electrónicas y la gestión documental
implican el uso y captura de metadatos que, en ausencia de formularios
y plantillas preestablecidas, serían mucho más problemáticos de capturar45 .
Como todo derecho, tiene sus garantías. Una de ellas lo es frente a errores/problemas
técnicos, aunque es el RDDPLAE el que las contempla (art.
30.2): Acuses de recibo, copias, emisión de recibos acreditativos, copias autenticadas,
prórroga de plazos... También lo son los mecanismos de identificación
a través de funcionario público para quienes carezcan de medios electrónicos
o no sepan usarlos46 .