LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 189
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
examinados por la fiscalía, mayoritariamente, incitaban “a la
discriminación y al odio hacia la raza judía, considerándolos seres
inferiores a los que se debe exterminar como ratas”. La condena fue
como autor responsable de un delito continuado de genocidio al amparo
del art.607.2 del Código Penal (CP) español y una pena de dos años de
presión. Igualmente fue condenado por un delito continuado por ejercer
derechos fundamentales y libertades públicos de manera delictiva, pues el
objetivo de ese ejercicio era provocar la discriminación, el odio radical y
la violencia por motivos racistas y antisemitas (art.510.1 del Código
Penal), recayendo una pena de 3 años de prisión y una multa de casi 5000
euros.
La condena principal se basó en el art. 607.2 CP español que
señalaba que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que
nieguen o justifiquen los delitos [de genocidio y afines] (...) o pretendan
la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas
generadoras de los mismos, se castigará con la pena de presión de uno a
dos años” 5 . Como el citado condenado presentó recurso ante la
Audiencia Provincial de Barcelona y ésta entendió que el referido
art.607.2 CP podía ser contrario a la Constitución, la Sala dictó el 9-6-
1999 un auto por el cual planteaba la denominada “cuestión de
inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional (TC), que por cierto
fue inadmitida por este. Ante ello, y tras una serie de actuaciones
procesales, la Audiencia de Barcelona volvió a presentar cuestión de
inconstitucionalidad en septiembre del 2000 alegando que el CP podría
colisionar con el derecho a la libertad de expresión previsto en el art.20.1
de nuestra Carta Magna. Finalmente el TC aceptó dar trámite al recurso y
dictó la STC 235/2007, objeto de un agrio debate como tendremos
ocasión de exponer.
En el proceso de constitucionalidad, la Abogacía del Estado
defendió la corrección del art. 607.2 CP, aunque con algunas objeciones,
pero concluye que el precepto es una “medida de defensa legítima de las
minorías, como del propio orden constitucional”. También el Fiscal
5 Debe destacarse que el CP señalaba al genocidio y delitos afines. En este sentido, sobre
las figuras afines al genocidio es interesante la monografía de Evaristo López de la
Biseca, El delito de genocidio. Consideraciones penales y criminológicas, .
Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid,
1999, pgs. 217-228.