LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 193
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
difunda ideas que justifiquen el genocidio. En este caso estamos
plenamente de acuerdo, aunque nos parezca una reflexión alicorta en
relación a todo el debate. Para el TC, no es constitucional si hay la
expresión de un juicio de valor, sí es factible apreciar el elemento
tendencial que justifica el genocidio. Por consiguiente, la
“justificación pública” (¿por qué no la privada?) del genocidio podría
ser penalmente perseguible en España, si bien a tal consideración en
el FJ 9, añade una reflexión que nos parece inaceptable: esta
prohibición no podría abarcar “la mera adhesión ideológica a
posiciones políticas de cualquier tipo”, por cuanto la adhesión
mencionada a ideologías justificadoras sin lugar a dudas deben ser
condenadas por inconstitucionales, como por otro lado el TC ha
entendido con la ilegalización de determinados partidos políticos que
no han condenado el terrorismo etarra. Además, los criterios que
aporta el TC son extremadamente meticulosos, en un ejercicio de
rigurosidad jurídica que sorprende: en primer lugar, la justificación
del genocidio per se no es valida para acarrear un delito, es preciso
que suponga una incitación indirecta a su perpetración; es factible
también cuando se desee considerar justo el genocidio y con ello se
desee alcanzar “alguna suerte de provocación al odio” hacia un
determinado grupo y que además ello suponga “un peligro cierto de
generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en
actos específicos...”. Un conjunto de exigencias en términos
jurídicos prácticamente imposible de concretar en la realidad práctica,
excepto en el supuesto de un partido político o grupo claramente
genocida, pues ya sólo la consecuencia del “peligro cierto de generar
un clima...” es jurídicamente tan indeterminado, pues podría
concluirse que si el peligro es incierto, no se daría el requisito fijado
por el TC.
• por ello, un siguiente matiz del TC no permite aligerar la crítica,
cuando afirma que aunque la conducta no resulte claramente idónea
para incitar directamente al genocidio, está proscrita si supone una
incitación indirecta o provoca de modo mediato la discriminación, el
odio o la violencia, pero siempre con la necesaria “cautela del
respeto al contenido de la libertad ideológica”. En este sentido, de
nuevo el Alto Tribunal parece ser extraordinariamente riguroso:
prohíbe la conducta que incite “indirectamente”, sin concretar este
adverbio indeterminado o considera inconstitucional la conducta que
conduzca a la discriminación “de modo mediato”, cuando es bien