LUCES Y SOMBRAS I

208 LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI
y estén autorizados a tal fin, mientras que el artículo 106 determina la
responsabilidad del Estado que realice el apresamiento, frente al Estado
de la nacionalidad del buque o de la aeronave, de todo perjuicio o daño
causado por la captura, cuando un buque o una aeronave sean apresados
por sospechas de piratería sin motivos suficientes.
Entre los problemas que a nuestro juicio presenta la expresada
configuración de la piratería, podemos señalar los siguientes:
La insuficiencia de la determinación del elemento circunstancial del
lugar en la definición y el ejercicio de la jurisdicción respecto del
delito de piratería
El artículo 101 de la Convención de 1982 limita el delito de
piratería al ataque producido en alta mar o en lugar no sometido a la
jurisdicción de ningún Estado, mientras que el artículo 100 también
limita a estos espacios el deber de cooperación de los Estados en la
represión de la piratería. A primera vista parece que está excluyendo, por
tanto, la posibilidad de comisión de este delito y su persecución
universal, no sólo en aguas interiores y territoriales de otro Estado (lo que
parecería lógico al estar dichas aguas sujetas a las leyes y jurisdicción del
Estado ribereño) sino también en zona económica exclusiva, dado que el
artículo 86 de la Convención determina que “las disposiciones de esta
Parte (la Parte VII sobre el Alta Mar, en la que se enmarcan los artículos
relativos a la piratería) se aplican a todas las partes del mar no incluidas
en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas
interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado
archipelágico” .
Pese a que tal interpretación parece derivarse del tenor literal de
los preceptos citados, creemos posible mantener otra interpretación más
acorde con la verdadera intención perseguida por la Convención a favor
de la libertad de navegación, la paz y la seguridad marítima. Y ello
porque si tenemos en cuenta que la soberanía de los Estados ribereños
sobre sus respectivas zonas económicas exclusivas no es absoluta, sino
que está limitada a los fines de exploración y explotación, conservación
y administración de los recursos naturales, y otros de contenido
económico, limitando igualmente su jurisdicción a los actos relacionados
con ellos (artículo 56), nos encontraríamos, caso de seguirse la
interpretación literal antes referida, con un importante vacío, pues ningún