LUCES Y SOMBRAS I

214 LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI
destacar que las resoluciones dejan claro que se trata de un caso
excepcional, sin capacidad para crear precedente, y que las medidas
deberán respetar las normas de Derecho Humanitario de la Guerra y
demás normas internacionales sobre derechos humanos 6 . Igualmente cabe
citar, en el ámbito europeo y en desarrollo de las expresadas resoluciones,
la Acción Común 2008/851/PESC DEL CONSEJO, de 10 de noviembre
de 2008 (DOUE de 12.11.08), relativa a la Operación Militar de la
Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la
represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las
costas de Somalia 7 .
6 En el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Comité Marítimo
Internacional (CMI) ha elaborado un documento, titulado: “Maritime criminal acts .
Draft guidelines for national legislation”. El citado documento, de momento en
proyecto, procura ofrecer un modelo uniforme que pueda ser adoptado por las
legislaciones nacionales de todos los Estados, proporcionando un tratamiento conjunto
de los distintos delitos en el ámbito marítimo. El Presidente del Comité Marítimo
Internacional se dirigió, el 10 de septiembre de 2007 a los Presidentes de las
Asociaciones Nacionales miembros para que apoyaran ante sus Gobiernos el documento.
También ha sido remittido al Comité Legal para su urgente revisión y depuración
jurídica.
7 Entre las misiones de la operación ATALANTA se encuentran: la de proteger a los
buques mercantes que naveguen en las zonas en que esté desplegada, especialmente a los
buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA); vigilar las zonas frente a
las costas de Somalia, incluido su mar territorial, y tomar las medidas necesarias,
incluido el uso de la fuerza, para disuadir, prevenir e intervenir para poner fin a los actos
de piratería o a robos a mano armada que puedan haberse cometido en las zonas en que
esté presente. Especial referencia merece su artículo 12 relativo a la “entrega de las
personas capturadas y retenidas para el ejercicio de las competencias jurisdiccionales”.
Dicho artículo establece una regla principal y otra subsidiaria en materia de jurisdicción.
La principal determina la jurisdicción para la entrega y enjuiciamiento de los detenidos a
favor de las autoridades competentes del Estado del pabellón del buque que haya
realizado la captura. La subsidiaria, para el caso de que el Estado del buque que realiza el
apresamiento no pudiera o no quisiera ejercer su jurisdicción, establece que los presuntos
delincuentes y los bienes incautados podrán ser entregados a otro Estado miembro o a un
tercer Estado colaborador que sí deseen ejercerla, siempre que se hayan acordado con
ese Estado las condiciones de la entrega de manera conforme con el Derecho
Internacional, en especial sobre derechos humanos, para garantizar, en particular, que
nadie sea sometido a la pena de muerte, a tortura, ni a cualquier otro trato cruel,
inhumano o degradante.