LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 227
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
No se crearon en España “Comisiones de la verdad” que
investigaran las violaciones de Derechos humanos cometidas bajo el
franquismo 11 .
Tampoco se hizo nada para depurar responsabilidades por los
crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo en el ámbito
penal.
A nivel judicial eran pocos hasta muy recientemente los
particulares que habían denunciado ante los tribunales alguno de estos
crímenes, pues la persecución se ve imposibilitada por las leyes de
amnistía y por la prescripción 12 .
El panorama cambió el 16 de octubre de 2008, al dictar el Juez
Baltasar Garzón un Auto de por el que aceptaba su competencia para la
tramitación de una causa por presuntos delitos permanentes de detención
ilegal sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la
Humanidad, en relación con las detenciones, asesinatos y ocultación del
cadáver de miles de ciudadanos cometidas durante la guerra civil
española y la posguerra, entre el 17 de Julio de 1936 y el 31 de
Diciembre de 1951.
El 20 de octubre el fiscal de la Audiencia Nacional Javier
Zaragoza interpuso recurso contra el citado Auto. Aunque personalmente
entiendo la finalidad con la que se abre este proceso, y que la misma
responde a un deseo de las víctimas de acelerar la lenta puesta en marcha
de la Ley de Memoria Histórica y de forzar una superación de algunas de
sus deficiencias, como la ausencia de una investigación oficial de los
hechos o de un papel más activo de la Administración en la búsqueda y
recuperación de los cadáveres enterrados en campos y cunetas, opino que
11 Aguilar, 2002, pg. 136 y ss.
12 Una excepción fue el caso Ruano, que resulta especialmente interesante por la forma en
que la acusación condicionó la aplicación de la ley de amnistía. Sobre este caso con
mayor detalle véase Gil Gil, 2009, op. cit., pgs. 85 y ss., y las resoluciones judiciales:
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de mayo de 1992, confirmado por el
Auto de 20 de Julio de 1992 y STS de 25 de enero de 1994. Carácter más anecdótico
tuvo la querella presentada por una supuesta asociación de vícitmas por la matanza de
Paracuellos del Jarama. En Auto de 8 de marzo de 2000, el juez garzón confirmó el
archivo de la misma haciendo suyos los argumentos del fiscal, que había argumentado
que los hechos estaban prescritos, amnistiados y que la tipificación como genocidio no
era aplicable al ser posterior a los hechos.