LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 279
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
derechos a la verdad y a la justicia; una vez más, los argumentos
esgrimidos por el Juez hacen hincapié en el derecho internacional y en la
jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los
derechos humanos y de los tribunales penales internacionales. El recurso
a estas fuentes del derecho, junto con la excepcionalidad y gravedad de
los crímenes, sirve para justificar la derogación a principios penales como
el de irretroactividad de la ley desfavorable o el de prescripción de los
crímenes.
Más allá de toda crítica que pueda hacerse a los argumentos
esgrimidos por el Juez Garzón para sustentar su decisión 63 , y más allá de
que uno pueda compartir o no su iniciativa 64 , las semejanzas con la
experiencia argentina pueden servir porque, al ver los límites y los
problemas que en ésta se han planteado, se pueden tomar de ella
sugerencias sobre lo que es mejor no reproducir.
De los juicios por la verdad aprendimos que la creación judicial
de derechos o incluso de mecanismos procesales normativamente
inexistentes implica ciertos riesgos para la estructura de un Estado
democrático, fundada sobre la separación de poderes, y, a la vez, al
producir soluciones diferentes, conlleva una violación del derecho a la
igualdad de todo ciudadano ante la ley. Ello sugiere que sea el legislador
quien tiene que afirmar derechos, crear y regular todo mecanismo
procesal y, más aun, elegir el instrumento o los instrumentos que resulten
más adecuados en cada contexto para enfrentar el legado de los crímenes
del pasado.
Asimismo, vimos que, entre esos posibles instrumentos, el
proceso penal no es el más idóneo para emprender la búsqueda de la
verdad histórica de los hechos, y que, al encargarle esa finalidad, se
encuentran más dificultades y fracasos que logros. Además, utilizar el
prevaricación por haberse excedido de sus competencias, tras una querella presentada
por el sindicato ultraderechista Manos Limpias (a la que se han sumado otros
querellantes).
63 Véase al respecto Alicia Gil Gil, La justicia de transición en España. De la amnistía a la
memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2008 (sobre todo la Adenda, pgs. 157-166).
64 Hay que decir que una cosa es no compartir sus argumentaciones y criticarlas por ser
fundadas sobre interpretaciones discutibles de las normas, y otra es acusarle de
prevaricación, como está ocurriendo, lo que parece sinceramente exagerado – además de
ser probablemente instrumentalizado con fines políticos.