LUCES Y SOMBRAS I

266 LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI
vigencia de las leyes de impunidad representó el fundamento negativo a
raíz de la creación de los juicios por la verdad; ello constituye, a la vez,
la primera, llamativa especificidad de esta experiencia argentina.
Creación pretoriana del mecanismo
Pero más peculiar aún es la modalidad de creación de estos juicios:
a medida que los peticionarios presentaban sus demandas, los tribunales
recurridos, ante la falta de toda regulación normativa de esta actividad
judicial, iban estructurando la búsqueda de la verdad de acuerdo con las
exigencias y las posibilidades específicas de cada jurisdicción y, a la vez,
con sus personales entendimientos de lo que esa búsqueda implicaba. Por
lo tanto, puede afirmarse que se trata de un fenómeno de absoluta
creación pretoriana, lo que ha implicado la mayor proximidad a cada
situación local, pero, a la vez, el surgimiento de una pluralidad de
modelos diferentes a lo largo del país. Este rasgo parece criticable porque,
en primer lugar, ha determinado una ilegítima invasión de la esfera de las
funciones legislativas por parte del poder judicial, en violación del
principio democrático de separación entre los poderes del Estado; en
segundo lugar, porque ha implicado una diferenciación notable entre las
variadas experiencias locales, violando así el principio de igualdad de
todo ciudadano ante la ley.
Diferencias entre las variadas jurisdicciones: la individuación del tribunal
competente
Las diferencias entre las variadas jurisdicciones abarcan rasgos
relevantes: en primer lugar, la competencia para la búsqueda de la verdad
ha sido asignada a las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional 9 , con apoyo en la Ley 23.049 de 1984 10 y en el Informe de
la Comisión Interamericana sobre el caso Lapacó 11 , o a los Juzgados
9 Así fue en Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca.
10 El artículo 10 de esta Ley, aprobada a principios de la democracia, asignaba la
competencia a juzgar los responsables de los crímenes de la dictadura al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, pero, en segunda instancia y en casos de demora
injustificada o negligencia por parte de éste, la competencia pasaba a la Cámara Federal
de Apelaciones territorialmente competente.
11 COMIDH, Informe 21/00, caso, 12.059, Carmen Aguiar de Lapacó v. Argentina, 29 de
febrero de 2000. Esta decisión, procedente de una petición presentada ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Capital Federal, además de afirmar rotundamente el derecho a