LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO III: 677
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL
Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL
Por su parte, Irlanda resaltó que la independencia de Kosovo se
integra en el marco del derecho de autodeterminación y que la
declaración unilateral de independencia puede calificarse de acto de
autodeterminación frente a violaciones graves o fundamentales de los
Derechos Humanos. Un extremo compartido por Polonia cuando recordó
que por los actos ilícitos cometidos en contra de Kosovo, Serbia ha visto
su integridad territorial comprometida a partir de 1999.
Otro argumento avanzado fue que la declaración de
independencia no supone problema para la integridad territorial de Serbia,
puesto que la secesión se inició dentro de las fronteras serbias y que
ningún Estado había empleado la fuerza contra Serbia para favorecerla ni
había intervenido en sus asuntos internos y que el Consejo de Seguridad
no adoptó ninguna resolución condenando la declaración de
independencia de Kosovo (República Checa).
Para Polonia, el Consejo de Seguridad no fue capaz de determinar
el estatuto de Kosovo y puesto que no consiguió proponer soluciones
viables para el futuro estatuto de Kosovo precipitó el ejercicio por el
pueblo kosovar de su derecho de secesión. Para Irlanda, era importante
resaltar que el Consejo de Seguridad no se pronunció en contra de la
declaración de independencia de Kosovo.
En contra de estos argumentos y a favor de pronunciar la ilicitud
con el Derecho Internacional de la declaración de independencia se
expresaron España y Chipre.
Chipre comenzó su argumentación basándose en el principio de la
inviolabilidad de la integridad territorial, recordando que en febrero de
2008 el territorio kosovar era parte integrante de Serbia y que hasta ahora
esa situación no ha cambiado. Por otra parte, cualquier solución al
estatuto de Kosovo debería de estar en consonancia con la resolución
1244 (1999) que afirma la plena soberanía de Serbia en relación con el
territorio de Kosovo. A la vez, la resolución no autoriza de ningún modo
la independencia. Por supuesto, el hecho de que el territorio en cuestión
haya sido sometido a administración internacional desde 1999 no cambia
en absoluto la conclusión anterior, puesto que dicho argumento no tiene
ningún valor jurídico.