LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 209
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
Estado, ni siquiera el ribereño, podría reprimir la piratería en la zona
económica exclusiva, interpretación que por absurda debe ser rechazada.
Aun siendo conscientes de la existencia de opiniones en contra,
nos parece más acorde con el espíritu del Convenio la interpretación que
extiende la definición de piratería y la posibilidad de reprimirla por
cualquier Estado a todas las zonas económicas exclusivas. Tal conclusión
resultaría avalada, además, por una interpretación sistemática del
precepto, que tuviera en cuenta tanto el principio de navegación
reconocido a todos los Estados sobre la zona económica exclusiva por el
número 1 del artículo 58 de la Convención, como que el número 2 del
mismo precepto declara expresamente de aplicación a las zonas
económicas exclusivas, los artículos 88 a 115 (entre los que se encuentra
la regulación de la piratería) y otras normas pertinentes de derecho
internacional, en la medida en que no sean incompatibles con la Parte V,
relativa a la zona económica exclusiva. Entendemos obviamente que con
relación a la piratería tal incompatibilidad no existe, pues una cosa son
los derechos del Estado ribereño a la exploración y explotación de los
recursos naturales y la protección del medio marino en su zona
económica exclusiva, y otra bien distinta los atentados que contra la
legítima libertad de navegación de todos los Estados se cometan en dicha
zona.
Otra cuestión, en cierta medida relacionada con la anterior es la
del alcance que se debe dar a la expresión “en lugar no sometido a la
jurisdicción de ningún Estado”, utilizada tanto en el artículo 100 como en
el 101 de la Convención, pues cabría plantearse si se refiere a un lugar
que formalmente o de derecho no está sometido a la jurisdicción de
Estado alguno o si también incluye aquellos lugares que aunque
formalmente sí lo están, de hecho la jurisdicción no es ejercida por falta
de medios, por la situación de desgobierno o por cualquier otra causa. La
primera interpretación parecería más acorde con la asimilación con el
alta mar que se deriva de los artículos citados y de la propia expresión
utilizada de “sometidos”, mientras que la segunda cabría deducirla de la
circunstancia de que en todos los espacios marinos regulados por la
Convención se establece formalmente la jurisdicción, por lo que al
referirse a lugar no sometido a jurisdicción de Estado alguno sólo podría
aludir a situaciones de hecho. Ello ampararía la posibilidad de
intervención de cualquier Estado contra la piratería, en aguas de Estados,
por ejemplo, sin gobierno efectivo. O como dice Fernández Rodera, lo