LUCES Y SOMBRAS I

EJE TEMÁTICO II: 265
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
Fundamentos: las leyes de impunidad y el “derecho a la verdad”
Fundamento de dichas peticiones era el “derecho a la verdad” 6 , en
su doble vertiente individual, que garantiza a toda víctima y a sus
familiares el derecho a la investigación y obtención de información sobre
cada crimen y cada víctima, y, a la vez, colectiva, como derecho de la
sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido en aras de prevenir su
repetición. A pesar de no encontrarse tipificado en ninguna norma
nacional ni internacional, este derecho está siendo progresivamente
afirmado por la jurisprudencia de los órganos de protección de derechos
humanos, especialmente por la Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos 7 , que derivan su existencia, a través de una
interpretación evolutiva, de los derechos afirmados en la Convención
americana 8 . Ese “derecho a la verdad” sirvió entonces a los peticionarios
como fundamento positivo de sus pretensiones, al mismo tiempo que la
Casación, la Verdad y la Autoincriminación. El Fallo Corres y la historia de una tensión”,
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal: Casación, Ad-Hoc, Buenos Aires, Año
1, n. 1, (2001), pgs. 493-518; Luis Miguel, “Grietas en la impunidad. Los Juicios por la
Verdad”, Puentes, n. 17, (abril 2006), Centro de Estudios por la Memoria, La Plata, pgs.
25-33; Hernán Schapiro, “Surgimiento de los juicios por la verdad en la Argentina de
los ’90”, El Vuelo de Ícaro, Madrid, n. 2-3, (2001-2002), pgs. 359-401; Elena Maculan,
“Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei giudizi
per la verità”, L’Indice Penale, n. 1, 2010, pgs. 333-372.
6 Muchas de las peticiones con las que se abrieron los juicios por la verdad retomaban la
teoría elaborada por Méndez, según el cual, tras la comisión de graves violaciones de
derechos humanos, sobre el Estado recaen las obligaciones de verdad, justicia,
reparación y renovación de las fuerzas armadas y de seguridad. En el caso en que sea
imposible cumplir con una de dichas obligaciones, las demás permanecen vigentes,
debido a que, pese a su interdependencia, está permitido su cumplimiento por separado.
Juan Méndez, “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos
humanos”, en Martín Abregú, Christian Courtis (Comp.), La aplicación de los tratados
sobre derechos humanos por los Tribunales locales, Editores del Puerto – CELS, Buenos
Aires, 1997, pgs. 517-540.
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COMIDH), Informe Anual 1985/86,
OEA/ser.L//V/II.68, Doc. 8, Rev. 1, e Informe 21/00, Carmen Aguiar de Lapacó v.
Argentina (solución amistosa), de 29.02.2000. Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH), Velásquez Rodríguez v. Honduras, 29.07.1988 (párr. 181);
Castillo Páez v. Perú, 3.11.1997 (párr. 85); Bámaca Velásquez v. Guatemala, 25.11.2000
(párr. 201); Barrios Altos v. Perú, 14.03.2001 (párr. 48); Masacre de Mapiripán v.
Colombia, 15.09.2005 (párr. 69 y 219); Almonacid Arellano et al. v. Chile, 26.09.2006
(párr. 148 y siguientes).
8 Este derecho procedería de los artículos 1.1., 8, 13 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), que afirman, respectivamente, la obligación para los
Estados de respetar los derechos afirmados en la Convención, las garantías judiciales, la
libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la protección judicial.