LEY Nº 20248 - Ley Chile

Historia de la Ley Nº 20.248 Página 121 de 1515
INFORME COMISION EDUCACIÓN
son abordadas en el proyecto y que impiden que haya consecuencias
(subsidios cruzados, falta de autonomía, etc.). También influye la existencia
de zonas en que funciona una solo escuela, sin que los padres puedan optar
por otra (monopolios locales). Esto podría subsanarse con una subvención
más atractiva, que cubra el costo real de educar a los alumnos vulnerables,
estimulando la instalación de nuevas escuelas.
Estimó, además, que en la iniciativa no se entregan
herramientas a los colegios para alcanzar los estándares exigidos. Así, por
ejemplo, en las escuelas municipales, los directores no administran
autónomamente sus recursos y tampoco pueden modificar libremente la
planta docente.
El hecho de que tales medidas sean impuestas desde
fuera del establecimiento, puede implicar que no se ajusten a su realidad
local. Esto es particularmente notorio en el caso de las escuelas en
Recuperación, donde los procesos educativos serían intervenidos por un
comité tripartito.
Observó que existe a la base proyecto cierta
desconfianza en torno a la capacidad de los directores y profesores para
alcanzar resultados de calidad, porque no siempre se les entregaría el total
de la subvención preferencial y, además, se les exigiría proceder de una
forma determinada, restándole autonomía a los establecimientos, cuyo mal
rendimiento podría deberse a la insuficiencia de los recursos que perciben y
no necesariamente a una mala gestión.
Por otra parte, el equipo tripartito tendría injerencia en
la administración y gestión de las escuelas, pero no asumiría
responsabilidad alguna por los resultados. Si a éstas no le va bien, las
consecuencias recaerían en los sostenedores y no en el Ministerio o en la
entidad externa que integraría dicho comité tripartito.
Consideró, además, que el proyecto presenta un alto
grado de intervencionismo en lo que respecta a la libertad de los colegios
para determinar la forma de alcanzar ciertos logros educativos, lo cual
sucede porque se pretende supervisar los procesos y no los resultados.
Agregó que la iniciativa no respeta el derecho
preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos y su libertad de
escoger el establecimiento de enseñanza, ya que de algún modo el Estado
elige por ellos, sobre todo mediante la revocación del reconocimiento oficial.
Además, se hacen exigencias no relacionadas con los aprendizajes
(supervisión pedagógica), que desincentivan la participación de los
establecimientos.
Asimismo, pese a que la incorporación al sistema es
voluntaria, de alguna manera los establecimientos que no suscriban el
convenio y que tengan bajos resultados sufrirán consecuencias negativas
(riesgo de cierre), debiendo integrarse necesariamente a él como escuelas
en recuperación.
Otro punto importante es que muchos aspectos
sustanciales del proyecto no están definidos a nivel legal, sino que quedan
delegados al reglamento. Así, por ejemplo, la definición de alumno
prioritario; los procedimientos de verificación y determinación de los
resultados educativos (convenio); la supervisión pedagógica (indicadores,
periodicidad, etc.); los requisitos que deberán cumplir las Entidades
Externas para inscribirse en el registro; la regulación de temas esenciales