LEY Nº 20248 - Ley Chile

Historia de la Ley Nº 20.248 Página 141 de 1515
INFORME COMISION EDUCACIÓN
Añadió que la implementación de dicho plan implica
también una reforma laboral, ya que, si se adoptan medidas como el
cambio de la carga horaria docente por decisión del comité tripartito u otras
entidades externas, los profesores podrían alegar menoscabo en sus
funciones. Además, no se impide que los trabajadores demanden la falta de
justificación de la decisión unilateral del cambio en sus contratos. Por tales
razones, opinó que esta iniciativa legal no tendrá la acogida esperada entre
los sostenedores para mejorar la calidad de la educación.
3.- Que el Ministerio se provee de facultades que van
más allá del rol que le asigna la LOCE, más aún en el caso de los
establecimientos en recuperación, que no podrán rechazar alumnos
vulnerables si hay más vacantes que postulantes, con lo cual se puede
sobrepasar lo que establezca el proyecto educativo del colegio, que tiene
fijado un plan de becas institucionales. Tampoco se especifica en el
proyecto qué pasaría si un alumno vulnerable se retira o mantiene bajos
niveles de rendimiento, sin que el colegio sea capaz de mejorarlo. Por ello,
propuso que la subvención se asigne a la escuela y no al alumno.
4.- Que el sostenedor podría perder el colegio, que
incluye patrimonio de particulares invertido en su infraestructura.
5.- Que tal como está diseñada la iniciativa, promueve
indirectamente la discriminación, puesto que la presencia de alumnos con
necesidades educativas especiales será un inconveniente frente a las
exigencias de conseguir calidad para percibir la subvención preferencial.
Finalmente, solicitó más tiempo para debatir y
enriquecer la ley en proyecto.
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El señor Rodrigo Bosch (Presidente Subrogante de
CONACEP) observó que el proyecto ataca tres problemas fundamentales,
que dicen relación con el financiamiento, la información y la
responsabilidad.
Con respecto al financiamiento, compartió la necesidad
de entregar recursos adicionales a los alumnos más vulnerables, sin
distinguir la dependencia de los establecimientos, pues, actualmente,
existen 400 mil alumnos en colegios particulares sin financiamiento
compartido, que acceden a la misma subvención estatal que reciben los
colegios municipalizados.
Con respecto a la información, estimó que los padres
requieren contar con ésta en forma adecuada y oportuna, y que ella debe
ser coherente, pues es también importante para los propios colegios.
Asimismo, estimó que la categorización de los colegios
como autónomos y emergentes se contradice con otras fuentes de
información disponibles para los padres, como por ejemplo, el SNED;
además que los colegios podrían eventualmente tratar de ocultar aquella
información que no les favorece y destacar sólo la que los beneficia. Señaló
también que la estigmatización que se provocaría al clasificar a un
establecimiento como escuela en recuperación, podría implicar una
disminución de su matrícula, perjudicándose financieramente.
En cuanto a la responsabilidad por los resultados
académicos, opinó que ella es compartida por todos los estamentos de la
comunidad escolar. Por ello, es necesario avanzar en accountability en
todos los niveles y sin discriminación de ningún tipo, pues los sostenedores