LEY Nº 20248 - Ley Chile

Historia de la Ley Nº 20.248 Página 142 de 1515
INFORME COMISION EDUCACIÓN
particulares están dispuestos a aceptar este desafío, pero en la medida en
que puedan responsabilizar a los recursos que están bajo su resguardo.
Sin embargo, estimó que la prueba SIMCE no es un
indicador de calidad adecuado. Por tanto, antes de responsabilizar a los
sostenedores, habría que determinar qué se entiende por calidad y cuáles
son los estándares mínimos exigibles. Además, el SIMCE no es la única
variable que preocupa al colegio o a los apoderados. Existen otras
externalidades positivas que entregan los establecimientos, como formación
valórica, deportes, etcétera, que debieran ser también incorporadas en la
medición.
Por otra parte, la responsabilidad por los resultados no
es exclusiva del establecimiento. Pero en el proyecto los costos de un mal
resultado son en su totalidad del sostenedor. En este aspecto, es
importante considerar si el sujeto responsable cuenta con una adecuada
capacidad de gestión para administrar sus recursos.
Planteó, además, que el plazo de medición es
demasiado breve, sugiriendo un mínimo de cuatro años para los colegios en
recuperación, ya que es necesario analizar la compatibilidad de aquél con la
duración de otros procesos, como la evaluación docente.
Con respecto al contenido específico de la iniciativa,
estimó que ella apunta en la dirección correcta, permitiendo mejorar la
educación de un importante grupo de alumnos vulnerables. Sin embargo,
propuso revisar y mejorar algunos aspectos de la misma, de manera de
satisfacer las expectativas que ha generado.
Explicó que CONACEP efectuó una simulación del
proyecto, suponiendo que se hubiera iniciado en 1998 y considerando los
dos SIMCE disponibles desde entonces (1998 y 2002), para poder
determinar qué características tendrían las escuelas.
En cifras gruesas, del total de la muestra (5.310
establecimientos), el 36,55% entraría en la categoría de escuelas
autónomas; el 57,7% estaría en la categoría de emergentes y el 5,75%
(324 colegios) en la de escuelas en recuperación. El 53,62% de los
establecimientos autónomos serían municipales y el 46,38% particulares
subvencionados. Por último, la mayor parte de los establecimientos
autónomos serían urbanos y parte importante de los emergentes serían
rurales, por los que sugirió distinguir también entre estos dos tipos.
En conclusión, las tres cuartas partes de las escuelas en
recuperación corresponderían al sector municipal y la cuarta parte restante
al sector particular subvencionado. Cabe destacar, además, que el 41% de
estos colegios en situación crítica son rurales. Vale entonces preguntarse
qué efectividad puede tener el sistema de accountability para cerrar
eventualmente estos colegios, o si hay disposición para cerrar una escuela
rural, cuyos alumnos no tienen alternativas para trasladarse a otro
establecimiento.
En ese contexto, consideró inconveniente fijar una
misma regla para establecimientos rurales y urbanos, teniendo en cuenta
también que los primeros son colegios más bien pequeños y, por tanto, su
capacidad para implementar un plan y alcanzar ciertos logros de
aprendizaje es muy limitada.
Asimismo, estimó necesario extender la subvención
preferencial al segundo ciclo de enseñanza básica, o establecer reglas