LEY Nº 20248 - Ley Chile

Historia de la Ley Nº 20.248 Página 438 de 1515
DISCUSIÓN EN SALA
Se pregunta cómo es posible pedir a dichos
sostenedores el cumplimiento de ciertas condiciones. Y se basa esta
argumentación en la idea de que hay mal uso de los recursos.
Se dice: “Señores, hasta ahora se han destinado
muchos dineros a la educación y, como el sistema es ineficiente,
han sido mal utilizados. Pero si el sistema es ineficiente, aunque se
coloquen más fondos, seguirán utilizándose mal. Por tanto, no se
justifica solicitar al sostenedor que cumpla una serie de requisitos
para la recepción de los nuevos recursos”.
¡Curioso razonamiento! ¡Me parece absolutamente
arbitrario! Porque, si se va a realizar una inversión pública mayor,
es elemental que se solicite al sostenedor, sea municipal o
particular, el cumplimiento de mínimas premisas desde el punto de
vista del proceso educativo. Es lo menos que se puede hacer.
Por consiguiente, quedo anonadado cuando se
argumenta que, en virtud de la eficiencia, no se puede pedir al que
recibe más recursos; a la persona en la cual está depositada la
confianza del sector público y de la sociedad para llevar adelante el
proceso educativo; a quien juega un rol esencial en dicho proceso,
el cumplimiento de criterios, premisas o condiciones que aseguren la
calidad de la enseñanza.
Señor Presidente, me atrevo a señalar que detrás de
ese razonamiento existe una premisa que, lamentablemente, se
instaló en el país en el curso de los últimos años: pensar que la
educación no es un servicio a la comunidad, sino un lucro. Porque si
se cree que es un servicio; que el sostenedor, sea municipal o
privado, está llevando adelante su vocación a través de un colegio,
y que el Estado, para que esa persona pueda cumplir el objetivo
educacional y en función de la libertad de enseñanza, contribuye en
forma material, resulta elemental la fijación de condiciones, de
criterios. O sea, el sostenedor debe ser capaz de concretar su
vocación conforme a la calidad que le solicita el Estado, para que los
niños tengan una base similar desde el punto de vista de su
formación educacional.
Si no pensamos así y, por el contrario, consideramos
que la presencia del sostenedor privado en el proceso educacional
se halla determinada simplemente por el afán de lucro,…
La señora MATTHEI.- ¡Está equivocado!
El señor ESCALONA.-…es lógico que no le fijemos ninguna condición ni lo
obliguemos al cumplimiento de requisito alguno. Y es obvio, pues ya
no estará otorgando un servicio, sino haciendo un negocio.
Sin embargo, como no se halla en juego el criterio de la
rentabilidad individual sino el de la rentabilidad social -es decir, la
calidad de la educación a que está obligado ese actor del proceso-,
desde ese punto de vista se justifica por completo lo que señala el
proyecto de ley. No podría ser de otra manera.
Incluso, existe la crítica de algunas personas que
estiman que no se justifica que el Estado continúe aportando al
sostenedor privado. ¡Claro! Si éste no fuera a cumplir ninguna tarea
ni tuviera responsabilidad ni obligación alguna, se estaría dando la