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Capítulo II: Respuesta educativa y escolar al fenómeno migratorio
ciones dirigidas a la compensación de desigualdades 79 y, por último, la Orden
Ministerial de 26 de marzo de 1997 que regula el procedimiento para la
elección de centro educativo y la admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos 80 . Amén de otras que cada administración educativa
autonómica vaya elaborando para regular sus propios procesos o las que se
deriven y concreten a partir de la nueva Ley de Calidad. En todo caso tendrán
que aparecer normativas más específicas, referidas a los procesos de
reserva, admisión y matriculación del alumnado extranjero, para evitar confusiones
con los alumnos con necesidades educativas especiales.
En la tabla 15, con referencia al curso 1998-99, se pueden apreciar
otros centros donde el nivel de concentración sobrepasaba el 40%, perteneciendo
al ámbito público y en lo que antes de la descentralización se conocía
como territorio MEC. Se ubican en cuatro zonas muy concretas. Ceuta, Melilla,
Madrid y Murcia; las dos primeras por razones obvias y en Madrid, principalmente
en la zona centro.
Si miramos el entorno madrileño, la mayor concentración la encontramos
en el distrito Centro, donde más de la mitad de los 30 colegios de esa
zona, financiados con fondos públicos, concentran al 80% de éste colectivo.
El distrito de Tetuán, donde el 63% del alumnado extranjero se concentra
en ocho de los 22 centros públicos o concertados, y el 24% en tres de ellos.
El 39% de los alumnos inmigrantes de Carabanchel, se agrupan en ocho de
sus 49 centros. En Chamberí, el 43% cursa estudios en sólo cuatro de los
27 centros financiados con fondos del Estado. Lavapiés es otro importante
barrio madrileño, que agrupa en sus centros a este colectivo.
tornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 2.
Los centros docentes mantenidos con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a los
alumnos a los que hace referencia en el punto anterior de acuerdo con los máximos que la
autoridad educativa competente determine. En todo caso, se deberá respetar una igual proporción
de dichos alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate, salvo
en aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta
educativa a los alumnos. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los
recursos necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos. Los criterios para determinar
esas dotaciones serán los mismos para los centros sostenidos con fondos públicos.
Además, para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro
educativo, las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones, instituciones
o asociaciones con responsabilidad o competencias establecidas sobre los colectivos
afectados” (LO 9/1995).
79 “(...) la obligación que los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen
de escolarizar a estos alumnos con los límites y proporciones que se establezcan y de modo
proporcional entre todos los centros de la zona de que se trate, y prevé para los centros sostenidos
con fondos públicos la dotación en términos similares a los de los centros públicos,
de los recursos necesarios para la atención a ese alumnado” (RD 299/1996).
80 “Estas Comisiones (de escolarización) adoptarán las medidas necesarias para facilitar
la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones
sociales o culturales desfavorecidas, incluida la posibilidad de establecer reserva de
plazas cuando se considere necesario. En todo caso, deberá conseguirse una distribución
equilibrada de estos alumnos entre los centros sostenidos con fondos públicos en condiciones
que favorezcan su inserción, evitando su concentración o dispersión excesivas...” (OM 26 de
marzo 1997).
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