Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

en menor de catorce años, desconoce el derecho de las mujeres a la dignidad
humana, a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad reproductiva, a la salud, a la seguridad social y la obligación del Estado
de respetar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia.
Al respecto, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente.
2. Aclaración previa
2.1 Teniendo en cuenta que el Procurador General de la Nación, en cumplimiento
de su función constitucional, articulo 278, numeral 5 de la Constitución, ya había
emitido un pronunciamiento que responde en esencia los cargos de las demandas
de la referencia, al rendir el concepto dentro del expediente que dio origen a la
sentencia inhibitoria C- 1299 de 2005, se considera que lo expuesto en esa
oportunidad es suficiente para que se entienda que el Procurador General ha
cumplido con su competencia constitucional y, por ende, respetuosamente, se
permite transcribir in extenso el concepto que se rindió en esa oportunidad para
que sea tenido en cuenta al momento de resolver los problemas jurídicos que
plantean los ciudadanos ROA LÓPEZ, JARAMILLO VALENCIA, ABADIA
CUBILLOS, SÁENZ y PORRAS. Lo único que se agregará al concepto antes
rendido, hace referencia al cargo presentado contra la circunstancia de agravación
de la pena contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000 que asimila el
aborto no consentido al aborto con consentimiento en menor de catorce años
2.2. Teniendo en cuenta que el concepto que se rinde es similar al que en su
momento se expuso dentro de la demanda que dio origen a la sentencia C- 1299
de 2005, el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de los principios
de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, entre otros regulados en el articulo
209 de la Constitución, hace llegar su escrito antes del vencimiento del término
que tiene para conceptuar, para que el proceso de constitucionalidad de la
referencia siga su curso en el despacho del Magistrado sustanciador.
3. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.
3.1. El artículo 243 de la Constitución señala que “los fallos que dicte la Corte
hacen tránsito a cosa juzgada”. Por su parte, el Decreto 2067 de 1991, en su
artículo 6° ordena rechazar “las demandas que recaigan sobre normas
amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada” y su
artículo 21 hace referencia al carácter obligatorio de tales decisiones tanto para
las autoridades como para los particulares. Así mismo, la ley estatutaria de la
administración de justicia, Ley 270 de 1996, en su artículo 48, señala que la
parte resolutiva de las sentencias es de carácter obligatorio y de efecto “erga
omnes”.