Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la regla general, es
la observancia del principio “stare decisis”, que obliga a la Corte a seguir sus
decisiones previas, como un elemento de seguridad jurídica para el ciudadano
(sentencia SU-047 de 1999).
3.2. Sin embargo, si aceptáramos como inamovible la jurisprudencia de la Corte,
estaríamos negando la posibilidad de que ésta cumpla su papel dinamizador de la
Constitución, hecho que igualmente sometería al ordenamiento jurídico al
estancamiento, impidiendo adecuar el derecho ante nuevos contextos normativos,
jurisprudenciales o fácticos que puedan justificar una revisión de sus sentencias,
pero específicamente de las normas sometidas a control.
Lo anterior está acorde con la visión evolutiva y garantista del derecho
constitucional, pues lo contrario, sería atar la protección de los derechos a la
sacralización del precedente judicial, el cual, si bien protege valores
constitucionales de la mayor importancia como la seguridad jurídica, la
estabilidad, la confianza legítima, no poseen un valor absoluto en el
ordenamiento jurídico y, por tanto, pueden ser ponderados.
3.3. Téngase en cuenta que la revisión de una decisión de la Corte es algo
excepcional y como tal, para que proceda la revisión de un texto sobre el cual se
verifica la cosa juzgada formal o material, el demandante tiene la carga
probatoria. En el caso del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, ahora acusado el
Ministerio Público evidencia lo siguiente:
3.3.1. No hay cosa juzgada formal pues es la primera vez que se demanda la
norma como tal.
3.3.2. Podría pensarse en que hay cosa juzgada material, pues la Corte
Constitucional ya estudió el tema en la sentencia C-133 de 1994, con ocasión de
la demanda instaurada contra el artículo 343 del Código Penal, derogado por la
Ley 599 de 2000, norma que contenía un precepto idéntico al que hoy se acusa.
Sin embargo, tampoco puede afirmarse que ha operado el fenómeno de cosa
juzgada material, ya que en la mencionada sentencia, la Corte declaró la
constitucionalidad de ese precepto, teniendo como fundamento argumentos
relativos al derecho a la vida, a la salud y a la protección del feto como límite a la
libertad reproductiva de la mujer
Es decir, no se analizó el texto acusado en esa oportunidad con la integralidad
de la Constitución, es decir, con los tratados internacionales de derechos
humanos que conforman el bloque de constitucionalidad ni con otros normas
expresamente consagradas en el texto fundamental.