Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

mujer, considerada integralmente como sujeto de derecho que goza de una
especial protección constitucional.
Es evidente que la evolución de la normatividad aplicable al aborto como tipo
penal y que ha sido objeto de análisis para determinar si en este caso había lugar
a declarar la cosa juzgada constitucional, muestra cómo el Legislador no ha sido
ajeno a la necesidad de morigerar los efectos punitivos del aborto en
determinados casos. En esa línea el órgano estatal competente ha diseñado, en
distintas etapas de la legislación, unos mecanismos de protección para las
mujeres que abortan en circunstancias especiales, que han de considerarse
adecuados si se entiende que los cambios sociales son el producto de
evoluciones paulatinas en el curso de las cuales es necesario hacer ajustes que
garanticen de manera integral los fines impuestos precisamente por los distintos
Tratados que buscan erradicar la desigualdad y la violencia que padecen las
mujeres en distintos países.
Legalizar el aborto sin tener en cuenta las políticas de salud pública, de
educación y de protección a los derechos de la mujer, en un momento dado
puede, por ejemplo, soslayar la importancia de acciones dirigidas a la prevención
del embarazo, a la información sobre métodos anticonceptivos, a la lucha contra
enfermedades determinantes de embarazos de alto riesgo. Razones todas, cuya
valoración además, es por completo ajena al ámbito funcional de la Corte
Constitucional.
Consideraciones
discriminación
en torno de derecho a la igualdad y a estar libre de
Al respecto es necesario reafirmar que en el ámbito del derecho interamericano
las decisiones de las mujeres respecto del aborto no son absolutas y que las
circunstancias en que éste puede llegar a ser admisible deben estar claramente
regladas y ser excepcionales. Dentro de éste ámbito normativo, parece indudable
que ha de primar la garantía del derecho a la vida de quien está por nacer, frente
al derecho a la libre determinación de la mujer que desea poner fin a una
gestación que no desea. En este contexto, no puede afirmarse que disposiciones
prohibitivas del aborto puedan equivaler a un poder el Estado “para obligar a
las mujeres a dar sus cuerpos contra su voluntad con el fin de entregar a los
niños su protección legal”.
Tampoco puede interpretarse una política legislativa restrictiva del aborto como
una garantía orientada exclusivamente a garantizar la vida del nasciturus. Las
mismas restricciones pueden encontrar su razón de ser en la indispensable
necesidad de estructurar líneas de acción que fortalezcan a las mujeres como
únicas dueñas y responsables de su sexualidad y de la decisión de engendrar o