Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

mujeres que se han sometido a abortos ilegales ( Naciones Unidas
1996, párrafo 106).
“La Asamblea General de las Naciones Unidas revisó y evaluó la
implementación del ICPD en 1999 (ICPD+5) y acordó que, en
circunstancias donde el aborto no esté en contra de la ley, los sistemas
de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de
salud y tomar otras medidas para asegurar que dichos abortos sean sin
riesgos y accesibles.
“Deberían tomarse medidas adicionales para salvaguardar la salud de
las mujeres” (Naciones Unidas 1999 párrafo 63.iii).
“Por muchos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras
organizaciones han elaborado guías para la prevención del aborto
inseguro y el manejo de sus complicaciones ( ver anexo 1)…
…
“De los 210 millones de embarazos que ocurren por año, alrededor de
46 millones (veintidós por ciento) finalizan en abortos inducidos y,
globalmente es probable que una basta mayoría de mujeres hayan
tenido al menos un aborto para cuando cumplen 45 años (Allan
Guttmacher Institut 1999). En lugares donde se dispone de métodos
anticonceptivos efectivos y estos son ampliamente usados, la tasa total
de abortos disminuye drásticamente (Bongaarts y Westoff 2000),
aunque nunca han bajado a cero, por múltiples razones. Primero,
millones de mujeres y hombres no tienen acceso a métodos
anticonceptivos apropiados o bien no tienen información ni apoyo para
usarlos efectivamente. Segundo ningún método anticonceptivo es cien
por ciento efectivo…Tercero. Altas tasas de violencia contra la mujer,
incluyendo la violencia doméstica y la guerra, llevan a embarazos no
deseados….”
Todo lo anterior, lleva a este Despacho a concluir que es de competencia
exclusiva del legislador determinar la política criminal, amparado en el principio
de representación democrática y de legalidad de la pena. En desarrollo de esta
competencia, a la luz del ordenamiento colombiano resultan constitucionales
diversas fórmulas de penalización o despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo o por su despenalización en los términos que considere más
convenientes para la protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, la conservación o modificación de la actual política deberá ser
el resultado del debate democrático en el seno del Congreso. Sin embargo, por
todas las razones expuestas, resulta inconstitucional la penalización de tal