Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

(iii) ¿El acto guarda proporcionalidad entre el beneficio obtenido y la afectación
que se causa sobre otros bienes jurídicos?
La Defensoría considera que, la realidad de las cifras en Colombia en relación
con la judicialización de conductas constitutivas de aborto, y sobre la práctica de
los abortos clandestinos, fuerzan a concluir que el beneficio pretendido de
proteger al nasciturus no se logra, razón suficiente que hace imposible
estructurar un argumento acerca de la proporcionalidad del beneficio obtenido y
la afectación que este logro impone a otros bienes jurídicos.
Sin embargo, como se señaló en el punto anterior, este tratamiento penal
diferenciado desde el tipo, genera consecuencias en los derechos de la mujer,
adicionales a los punitivos. Es en este punto donde se constata una vulneración
normativa y de hecho de carácter cotidiana, estructural y masiva, sobre los
derechos de la mujer.
No obstante, considera la Defensoría que la penalización del aborto, tomando
como único sujeto sancionable a la mujer, viola los derechos de la mujer, como
lo demuestra sólida y suficientemente la demandante y lo reitera aquí la
Defensoría:
1.- EL Plan Obligatorio de Salud no incluye el aborto terapéutico -que protege la
vida y salud de la madre.
2.- Las IPS y EPS no brindan este servicio.
3. El personal de IPS y EPS denuncia a las mujeres que acuden a un tratamiento
médico necesario para proteger su vida e integridad, por las consecuencias de un
aborto clandestino.
4. Se considera que la morbilidad materna por causa de aborto provocado es la
segunda causa de muerte de las mujeres en Colombia, existen estudios que
sugieren "un subregistro de la mortalidad materna del 50%.
5. Se genera un desequilibrio total en las cargas públicas, en perjuicio de la
mujer.
6.- La penalización absoluta constituye una violencia contra la mujer, en los
términos de la Convención de Belém do Pará, pues la previsión legal acusada
genera en la mujer que habiendo sido violada o inseminada en contra de su
voluntad y aborta, una doble o triple victimización, pues a más de revivir el
hecho atentatorio de su libertad sexual al pretender la sanción de su atacante,
debe someterse a ser tratada como criminal.