Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica ha sido redactado de tal manera
que otros valores y derechos puedan llegar a prevalecer sobre él, pero siempre
de manera excepcional.
Entonces, resulta claro que en el contexto de los instrumentos llamados a
integrar el bloque de constitucionalidad podrían establecerse excepciones
legítimas a la garantía del derecho a la vida de quien está por nacer. Excepciones
que obviamente tendrán que ser claramente regladas y ajenas a cualquier
capricho, provenga éste del Estado, de la madre o de cualquier otra fuente.
Así mismo, las consideraciones que anteceden imponen indagar en los mismos
tratados que conforman el bloque de constitucionalidad hasta dónde de ellos se
pueden deducir previsiones que regulen el aborto de tal manera que no se
convierta la interrupción de la gestación en una decisión arbitraria de la madre o
de otra persona.
Adicionalmente, aún cuando no forman parte del bloque de constitucionalidad,
se han verificado los siguientes tratados internacionales que por cumplir con los
requisitos que exige la Constitución, son de obligatoria aplicación por parte de
Colombia: (i) Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la mujer, aprobada por la Ley 51 de 1981; (ii)
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada por la Ley 35
de 1986, (iii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Ley 16 de 1972, y (v) la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, aprobada por
la Ley 248 de 1995. De esa verificación se llega a la conclusión que en el ámbito
del derecho internacional que vincula al Estado Colombiano no existe norma
alguna que con la claridad requerida permita resolver la tensión que surge entre
los derechos del que está por nacer y los de la madre; nada en el ordenamiento
internacional hace concluir cuándo los de esta última han de prevalecer frente a
la preservación de la vida humana en gestación. Del panorama normativo que se
desprende de estos instrumentos aparecen entonces como primordiales (i) la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; (ii) la lucha contra todas las
formas de violencia que puedan recaer sobre la mujer; (iii) el acceso a la
educación; (iv) el fortalecimiento de la mujer como actora de la vida social y
política; (v) la garantía de condiciones adecuadas de salud para la madre durante
y después del parto; (vi) el derecho de la mujer a desarrollar una sexualidad sana
y en condiciones de seguridad. Se trata de un panorama donde el aborto no pasa
de ser un procedimiento médico para el logro de los objetivos mencionados, el
cual habrá de ser empleado por los distintos países junto con otras herramientas
que garanticen a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos como ser humano.
Tal como la formación para el ejercicio de una sexualidad responsable, la
información sobre métodos anticonceptivos, la penalización de la violencia
contra la mujer, el aborto carece de una regulación detallada sobre el cómo y el