Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

por nacer. Además, puede el Legislador determinar que la interrupción del
embarazo no será sancionada penalmente en otras circunstancias que
constituyen cargas excesivas para la mujer y que tienen un peso similar a
los hechos descritos en el art. 218.1, razón por la cual no podría exigírsele
la terminación del embarazo. Dentro de estas circunstancias cabe
considerar los casos contenidos en el proyecto presentado por el Gobierno
al Parlamento en el 6º. período, que fueron objeto del debate público y de
la discusión parlamentaria, referidos a la indicación eugenésica (art. 218.2
del Código Penal), a la indicación ética (criminológica) y a la indicación
social o de necesidad para la interrupción del embarazo. El representante
del Gobierno federal explicó en los debates del comité especial para la
reforma penal (...), en forma detallada y con argumentos convincentes, por
qué en estos cuatro casos de indicaciones no puede ser exigida la
continuación del embarazo. El criterio decisivo es que en todos estos
casos aparece en forma contundente otro interés merecedor de la
protección constitucional, de tal manera que el orden jurídico no puede
exigir de la mujer que, en todo caso, le asigne prioridad al derecho del
que está por nacer.
“También la indicación sobre la situación general de necesidad
(indicación social) puede ser catalogada dentro de esos casos. La
situación general de necesidad de la mujer y de su familia puede producir
conflictos de tal envergadura que no se puede obligar a la mujer, a través
de la amenaza penal, que se sacrifique en aras del que está por nacer, más
allá de una medida determinada. Para la regulación de este caso de
indicación el Legislador debe describir la conducta que no será
sancionada, de tal manera que sea claramente reconocible la gravedad del
conflicto social comentado y que se garantice la congruencia de este
indicador con los demás indicadores, desde la perspectiva de la no
exigibilidad de una conducta. El Legislador no vulnera su deber de
proteger la vida humana cuando le retira la sanción penal a verdaderas
situaciones de conflicto como las mencionadas. Pero tampoco en estos
casos puede darse por satisfecho el Estado con la simple constatación de
que se presentaron los supuestos legales para que la interrupción del
embarazo no sea sancionada. En estos casos se espera que el Estado
preste asesoría y ayuda a la mujer embarazada con el fin de advertirle
sobre el deber fundamental de respetar la vida del que está por nacer, de
animarla para que continúe con su embarazo y para apoyarla a través de
medidas prácticas - sobre todo en los casos de necesidad social.