Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

cuando las demás medidas no resulten efectivamente conducentes para lograr la
protección adecuada de un bien jurídico 40 ; por tanto, el recurso al derecho penal
queda limitado a la inexistencia o insuficiencia de otros medios para garantizar la
protección efectiva de la vida del nasciturus. Esta es una decisión que
corresponde al poder legislativo, quien al decidir sobre la conveniencia de
tipificar penalmente ciertas conductas, deberá realizar valoraciones de orden
político, las cuales “…respondiendo a un problema de carácter social debe, de
manera responsable aprobar, luego del debate parlamentario correspondiente,
un tipo penal ajustado a la Constitución” 41 .
Conforme a lo expuesto, la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes.
La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes
formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento
jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el
mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la
mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o
el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico
en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina
un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.
De manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el
legislador, si considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto,
incluidas la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita,
respetando los derechos de las mujeres.
6. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen
parte del bloque de constitucionalidad.
Algunos intervinientes sostienen que de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos y en especial de los instrumentos
internacionales sobre la materia incorporados en el bloque de constitucionalidad,
el nasciturus es titular del derecho a la vida y que por lo tanto, a la luz de estos
instrumentos internacionales existe la obligación estatal de adoptar medidas de
carácter legislativo que penalicen el aborto bajo cualquier circunstancia. Es
decir, consideran que se desprende de los instrumentos internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad la obligación estatal de la
penalización total del aborto.
Específicamente hacen alusión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados
internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad aun en su sentido restringido o strictu sensu, como ha
40 Ver la sentencia C-897 de 2005.
41 Sentencia C-205 de 2003.