Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

derechos de la mujer embarazada, de manera tal que ninguno de los dos resultara
anulado. En esa medida el Legislador estaba obligado a garantizar la vida del
nasciturus pero también a establecer bajo cuales circunstancias la obligación de
llevar a término el embarazo se convertía en una carga inexigible para la madre y
en esa medida era inconstitucional.
Sostuvo el Tribunal Constitucional español:
12. Desde el punto de vista constitucional, el proyecto, al declarar no
punible el aborto en determinados supuestos, viene a delimitar el ámbito
de la protección penal del nasciturus, que queda excluido en tales casos
en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de
las circunstancias concurrentes en determinadas situaciones. Por ello,
una vez establecida la constitucionalidad de tales supuestos, es necesario
examinar si la regulación contenida en el art. 417 bis del Código Penal,
en la redacción dada por el Proyecto, garantiza suficientemente el
resultado de la ponderación de los bienes y derechos en conflicto
realizada por el legislador, de forma tal que la desprotección del
nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas ni se
desprotejan los derechos a la vida y a la integridad física de la mujer,
evitando que el sacrificio del nasciturus, en su caso, comporte
innecesariamente el de otros derechos constitucionalmente protegidos. Y
ello porque, como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos
jurídicos 4 y 7 de la presente Sentencia, el Estado tiene la obligación de
garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución),
mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la
misma, lo que exige, en la medida de lo posible, que se establezcan las
garantías necesarias para que la eficacia de dicho sistema no disminuya
más allá de lo que exige la finalidad del nuevo precepto.
Se tiene, entonces, que cuando los tribunales constitucionales han debido
abordar la constitucionalidad de la interrupción del embarazo han coincidido en
la necesidad de ponderar los intereses en juego, que en determinados eventos
pueden colisionar, por una parte la vida en gestación, bien que goza de
relevancia constitucional y en esa medida debe ser objeto de protección, y por
otra parte los derechos de la mujer embarazada. Si bien han diferido al decidir
cual de estos intereses tienen prelación en el caso concreto, en todo caso han
coincidido en afirmar que la prohibición total del embarazo resulta
inconstitucional, porque bajo ciertas circunstancias impone a la mujer encinta
una carga inexigible que anula sus derechos fundamentales.
10. Examen del caso concreto.