Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

En efecto, el derecho a la salud comprende no solo la salud física sino también la
mental, pues como lo ha considerado la Corte, “La Constitución proclama el
derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre
la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que
inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben
conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la
integridad personal -por acción o por omisión- vulneran ese derecho
fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de
dignidad.” 91 .
Ahora bien, el derecho a la salud es un derecho integral que incluye el concepto
de salud mental y física; y además, en el caso de las mujeres, se extiende a su
salud reproductiva, íntimamente ligada a la ocurrencia del aborto espontáneo o
provocado, casos en los cuales, por múltiples circunstancias, puede estar en
peligro la vida de la madre o ser necesario un tratamiento para recuperar su
función reproductiva.
El derecho a la salud reproductiva ha sido considerado por esta Corporación. Por
ejemplo, en la sentencia T-437 de 1993, se concedió la tutela a una mujer
embarazada detenida y a la cual no se le concede la detención hospitalaria aún
cuando el parto era inminente. Consideró la Corte, además de los derechos del
niño, que el trato especial que da la Constitución a la mujer embarazada
(asistencia y protección durante el embarazo y después del parto) se sustenta en
el derecho a la vida, la integridad personal, el respecto a la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad y el principio de la familia como institución
básica de la sociedad.
Igualmente, al respecto de la recuperación de la función reproductiva como parte
del derecho a salud de la mujer, entre otro caso, la Corte protegió a una mujer
“copiloto”, que por razón a su oficio tuvo un parto prematuro y la muerte
posterior del neonato; a los pocos días también le sobrevino una infertilidad
secundaria. Ella requería un tratamiento para recuperar su fertilidad, el cual no
fue costeado por la empresa así como tampoco se le quiso reconocer la
incapacidad cuando ella inicio el tratamiento por su cuenta aduciendo que era un
estado provocado. Finalmente le fue cancelado su contrato de trabajo. La Corte
consideró que en este caso hubo una violación del derecho fundamental a formar
una familia, que incluye el derecho a decidir libremente el número e intervalo de
hijos; además, que hubo una discriminación basada en el papel que la mujer
cumple en la procreación 92 .
91 Ver sentencias T-248 de 1998, T-1019 y T-1090 de 2004
92 Sentencia T-341 de 1994