Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

por nuestro Estado en el plano internacional, por lo que debe insistir en
resaltar que las recomendaciones de los órganos de control y vigilancia de la
OIT, no pueden ser ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado
contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 Superior,
aunque no sean vinculantes directamente, generan una triple obligación en
cabeza de los Estados: deben 1) ser acogidas y aplicadas por las autoridades
administrativas; 2) servir de base para la presentación de proyectos
legislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de
tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en
ése y los casos que sean similares.”
En ese orden de ideas, es claro que cuando el artículo 93 se refiere a que los
derechos consagrados en la Carta se interpretarán de conformidad con los
Tratados Internacionales, hace alusión a lo prescrito en acuerdos formalmente
aprobados e incorporados al derecho interno según el trámite descrito en la
Constitución (negociación, aprobación mediante ley, revisión de
constitucionalidad, expresión internacional del consentimiento en obligarse) y no
a cualquier otra categoría de actos de derecho internacional, como las
recomendaciones de los órganos de monitoreo.
Por el contrario el sistema jurídico vigente por principio no obliga a la Corte,
cuando actúa en sede de control abstracto de constitucionalidad, a interpretar los
deberes y derechos que consagra la Constitución Nacional de conformidad con
lo indicado en resoluciones o recomendaciones emanadas de organismos
internacionales, lo que no impide que esta obligatoriedad se imponga, de acuerdo
con las previsiones de cada tratado en particular, en casos concretos a los jueces
de la República, como ocurre con la tutela, a la administración y al legislador.
Ahora bien, si un Tratado Internacional obligatorio para Colombia y referente a
derechos y deberes consagrados en la Constitución prevé la existencia de un
órgano judicial autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la
Corte Constitucional, aún cuando no forme parte del bloque de
constitucionalidad, para la interpretación de tales derechos y deberes. Sin
embargo, se debe destacar que en esos casos sobre el hecho de que se trata de
manera exclusiva de la jurisprudencia de un órgano judicial, facultado para
interpretar un Convenio Internacional sobre Derechos Humanos, es decir la
doctrina vertida en las sentencias proferidas por los tribunales internacionales,
pero no a las observaciones, exhortaciones o indicaciones contenidas en
recomendaciones proferidas en general por órganos de control o monitoreo de
tratados sobre el mismo tema. Y en ese sentido cabe hacer énfasis sobre el hecho
de que no existe a la fecha una jurisprudencia de la Corte Interamericana de