Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

G. Exigencia de la democracia y el pluralismo ideológico.
Ha habido épocas en la historia de leyes injustas y de gobiernos tiránicos,
aunque fueran establecidos las unas y los otros democráticamente. No se puede
invocar la libertad de opinión y la democracia para atentar contra los derechos
de los demás, especialmente contra el derecho a la vida de un inocente. Aquí no
se trata de una materia opinable, sino del hecho cierto, atestiguado por la ciencia
actual, de una vida humana, que no espera para ser real el acuerdo en las
opiniones de los mayores. Quien debe ser respetada es toda persona, no toda
opinión, puesto que hay opiniones falsas como la que sostiene la licitad del
aborto.
2.4. Conclusión
No desconocemos las grandes dificultades: como la cuestión grave de salud,
muchas veces de vida o muerte para la madre; la responsabilidad que supone un
hijo, sobre todo si existen algunas razones que hacen temer que será anormal o
retrasado; la importancia que se da en distintos medios sociales a
consideraciones como el honor y el deshonor, la pérdida de categoría, etc. Sin
embargo, debemos proclamar absolutamente que ninguna de estas razones puede
jamás dar derecho, ni objetiva ni subjetivamente, para disponer de la vida de los
demás, ni siquiera en sus comienzos; ni siquiera el padre o la madre, pueden
ponerse en su lugar, aunque se halle todavía en estado de embrión; ni él mismo,
en su edad madura, tendrá derecho a escoger el suicidio. La vida es el más
importante derecho fundamental que no debe ponerse en la balanza con otros
inconvenientes, aparentemente más graves.
Del mismo modo, comprendemos los grandes y graves problemas que se
plantean al Estado a causa del empobrecimiento, del desplazamiento forzoso y
del crecimiento inequitativo de la población. Pero el aborto no es, ni de lejos, la
solución a estos males. Con la despenalización del aborto no se va a poner
término a las relaciones sexuales indeseadas ni a la violencia física, psicológica y
sexual, ni al contagio de infecciones de transmisión sexual, ni al abuso y el acoso
sexual. Tampoco a los altos porcentajes de embarazo y maternidad en
adolescentes, ni con los problemas de salud de la madre o con las
malformaciones del no nacido.
El derecho a la vida es el primer derecho, el fundamental, que precede y
condiciona a todos los demás y debe ser protegido sin ningún límite ni
discriminación. Por tanto, ni la madre ni los poderes públicos tienen ningún
derecho sobre la nueva vida. La ley civil y penal ha de proteger la vida humana
allí donde comienza y para ello, ha de reformar las condiciones de vida y los
ambientes menos favorecidos, ha de ayudar a las familias y a las madres solteras,
ha de asegurar un estatuto digno para los hijos y un ordenamiento de la adopción