Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

norma permitía el aborto en tres circunstancias: i) cuando es necesario para
evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y así
conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico
de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya
dirección se practique el aborto (en caso de urgencia por riesgo vital para la
mujer, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso); ii) cuando
el embarazo sea producto de una violación, siempre que se practique dentro de
las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido
denunciado; y iii) cuando se presuma que el feto nacerá con graves taras físicas
o psíquicas, siempre que se practique dentro de las veintidós primeras semanas
de gestación y que previamente se emita un dictamen por dos especialistas
distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En este
último caso no se castigará a la mujer aun cuando la práctica del aborto no se
realice en un centro acreditado o no se hayan emitido los dictámenes exigidos.
El Tribunal Constitucional consideró que la disposición que despenalizaba el
aborto en ciertos supuestos era constitucional, pero declaró inconstitucional la
ley pues carecía de una adecuada protección a la mujer embarazada por no
establecer unas condiciones especiales ordenadas por el artículo 15 de la
Constitución para el aborto terapéutico 305 . Las condiciones establecidas se
“1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer
embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la
embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de
la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el
aborto.
En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del
consentimiento expreso.
2. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429,
siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el
mencionado hecho hubiese sido denunciado.
3. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el
aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen,
expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél o bajo cuya
dirección se practique el aborto.
4. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aun
cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado
o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.”
305 Tribunal Constitucional español. Sentencia No. 53 de 1985. La decisión fue la siguiente: “Declarar
que el proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce el artículo 417 bis CP es disconforme con la
Constitución, no en razón de los supuestos que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su
regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 CE, que resulta por ello vulnerado en los
términos y con el alcance en que se expresan en el FJ 12 de la presente sentencia (-El considerando
Duodécimo dice: Desde el punto de vista constitucional, el proyecto al declarar no punible el aborto
en determinados supuestos viene a delimitar el ámbito de la protección penal del “nasciturus”, que
queda excluido en tales casos en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de
las circunstancias concurrentes en determinadas situaciones. Por ello una vez establecida la
constitucionalidad de tales supuestos, es necesario examinar si la regulación contenida en el artículo
417. bis.CP, en la redacción dada por el proyecto, garantiza suficientemente el resultado de la
ponderación de los bienes y derechos en conflicto realizada por el legislador, de forma tal que la