Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

Por otra parte, si bien corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para
cumplir con el deber de protección de la vida, y que sean de su cargo, esto no
significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a
pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de
un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores,
principios y derechos constitucionales.
Sobre el punto por ejemplo, para el delito de genocidio, el legislador consideró
una pena mayor que para el de homicidio 34 , en razón a los bienes jurídicos que
cada uno de estos en particular protege. Además, respecto de este tipo penal,
cabe recordar, que el legislador había considerado para el actor “…que actúe
dentro del marco de la ley…”, expresión que la Corte declaró inexequible en
sentencia C-177 de 2001 35 , entre otros, con los siguientes fundamentos:
“A juicio de esta Corte, la señalada restricción resulta también inaceptable,
por cuanto riñe abiertamente con los principios y valores que inspiran la
Constitución de 1991, toda vez que desconoce en forma flagrante las
garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad
personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya que
respecto de todos los seres humanos, tienen el mismo valor.
Como lo tiene definido esta Corporación en su jurisprudencia, en
tratándose de estos valores supremos, no es constitucionalmente admisible
ningún tipo de diferenciación, según así lo proclama el artículo 5º. de la
Carta Política, conforme al cual “los derechos inalienables de las
personas,” en el Estado Social de Derecho que es Colombia, que postula
como valor primario su dignidad, se reconocen “sin discriminación
alguna.”
Por ello, en concepto de esta Corte, la condición de actuar dentro del
margen de la Ley, a la que la frase acusada del artículo 322ª de la Ley 589
Pues bien: ¿cómo negar que obra en legítimo ejercicio de un derecho, quien emplea sus bienes en la
defensa de la vida o de la libertad, propias o ajenas? ¿Habrá, acaso, un destino más noble para el
dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un semejante unido por los lazos de la
sangre o del afecto? Y más altruista aún la acción de quien sacrifica sus bienes para salvar la vida y la
libertad del extraño.
Y, ¿cómo pretender que no se encuentra en estado de necesidad quien actúa para salvar la vida de un
secuestrado y recuperar su libertad? Basta analizar el delito de secuestro en relación con esta causal
de justificación.
Pero, antes de hacerlo, forzoso es decir que esta última causal de justificación no existe por un
capricho del legislador, sino por el reconocimiento de la primacía de los derechos de la persona,
reconocimiento que implica que la impotencia del Estado otorga a aquella la autorización para obrar
en su defensa y en la de sus semejantes (negrillas originales).
34 Código Penal, art. 101. Genocidio….incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años….
Art.103. Homicidio….incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años….
35 M.P. Fabio Morón Díaz.