Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

de demostrar que la necesidad de dicha limitación tiene carácter constitucional.
Por el contrario, quien desee mantener la libertad no posee carga alguna en
materia probatoria, por cuanto esta es la base estructural de la democracia.
Limites constitucionales del derecho penal en los Estado democráticos
Cabe indicar, como bien lo señala el Procurador General de la Nación en su
intervención dentro del presente proceso, que esta Corte ha expresado que si
bien el Congreso de la República es titular de un margen de configuración
legislativa en materia criminal, esta libertad dada al legislador no se puede
ejercer sin límites 178 y aún más debe estar sometida y acorde con los parámetros
señalados por los principios y fines Constitucionales.
Ello debe entenderse, a luz de lo señalado acertadamente por el Procurador,
desde el hecho mismo de que “ el Estado debe preferir en tanto que sea posible,
la utilización de todos sus elementos de gestión, de prevención, de disuasión,
atención y solución de conflictos, antes de recurrir al ius puniendi.
Adicionalmente, cuando tenga que recurrir a él, debe preferir los mecanismos de
sanción de las conductas, diferentes a aquellas propias del derecho penal,
acudiendo a éste solamente cuando se encuentre realmente justificado a la luz de
los fines del Estado. Y ello es así, porque la sanción penal es el más fuerte
reproche social y jurídico y conlleva la mayor invasión del Estado y las mayores
restricciones de los derechos y libertades personales. Todo lo anterior explica su
carácter de última ratio.”
Así pues, al legislador le es constitucionalmente permitido adoptar distintas
estrategias de política criminal (tipificar conductas, indicar las penas, calificar unas
conductas delictivas como más graves que otras), siempre y cuando la alternativa
que apruebe, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Es
necesario recalcar entonces que el derecho penal que aplica el Estado colombiano
se empieza a definir claramente en el texto constitucional y que la atribución de
desarrollarlo que le corresponde al Congreso “no puede desbordar la
Constitución” y, por ende, no es absoluta. En consecuencia, el legislador “está
subordinado a ella (la Constitución) porque la Carta es norma de normas (CP
art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el
Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. 179 ”
Además esta Corte ha recalcado que si bien el Legislador cuenta con potestad
de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y,
en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles, es evidente que no
por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten
normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los
178 Sentencia C-148 de 2005.
179 Sentencia C-038 de 1995.