Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

4. Por principio, el aborto en cualquier etapa del embarazo debe ser
considerado como un acto injusto y, por lo tanto, debe ser prohibido
(confirmación de lo establecido en BverGE 39, 1[44]). El derecho a la
vida del que está por nacer no puede ser entregado a la disposición libre
y ajena al derecho de terceros, ni siquiera cuando ese tercero es la
madre, e independientemente de si se hace sólo por un corto tiempo.
5. El alcance del deber de protección del no nacido se determina con base
en un ejercicio de ponderación entre la importancia y la necesidad de
protección del bien jurídico a proteger, por una parte, y los bienes jurídicos
que colisionan con él, de la otra. Esos intereses que entran en conflicto con
el derecho a la vida del que está por nacer son: el derecho de la mujer
embarazada a que le sea protegida y respetada su dignidad humana (artículo
1 (1) de la Ley Fundamental), y sus derechos a la vida y a la integridad
física (artículo 2 (2) LF), y a la personalidad (artículo 2 (1) LF). Por el
contrario, no puede fundamentarse la muerte, mediante un aborto, del que
está por nacer con los derechos contemplados en el artículo 4 (1) de la Ley
Fundamental.
6. Para cumplir con su deber de protección, el Estado debe adoptar medidas
suficientes, de carácter normativo y de política pública, con el fin de lograr
una protección eficiente y adecuada – atendiendo al conflicto de intereses
existente. Para este propósito es necesario diseñar una política de
protección que combine elementos de prevención y de represión.
7. Los derechos fundamentales de la mujer no van hasta el punto de abolir
de manera general la obligación jurídica de llevar a término un embarazo,
aunque sea sólo por un período determinado. Ciertamente, los derechos
fundamentales de la mujer conducen a que, en circunstancias excepcionales,
sea admisible que ese deber jurídico no se pueda imponer, e incluso a que
en algunos casos quizás sea prohibido hacerlo. Le corresponde al
Legislador determinar cuáles son esas situaciones excepcionales, de
acuerdo con un criterio de razonabilidad. En esos casos debe evidenciarse
que se impone a las mujeres cargas desproporcionadas, que exigen de ellas
un nivel de sacrificio de los propios valores vitales que no se puede esperar
(confirmación de lo establecido en BverGE 39, 1[48 ss.]).
8. La prohibición de la insuficiencia no permite renunciar libremente al uso
del derecho penal y de su efecto protector sobre la vida humana.
9. El deber de protección del Estado comprende también la protección de la
vida del no nacido frente a los peligros que emanan de la familia o del
entorno social general de la mujer embarazada, o de las condiciones reales