Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

eneficioso para e1 niño. La función más positiva de la ley, en estos casos, está
en ofrecer una alternativa digna para las madres que sientan la tentación de
abortar.
También la sociedad entera debe reaccionar promoviendo instituciones
asistenciales destinadas no a eliminar la vida, sino a combatir las causas que no
favorecen a su desarrollo. Sólo en una sociedad materialista se puede pensar que
el mejor modo de ayudar a una embarazada con problemas es la facilitación del
aborto en instituciones pagadas por la misma sociedad, pues es más cómodo
eliminar la vida que protegerla.
En mérito de lo expuesto, la Conferencia Episcopal de Colombia solicita a la
Honorable Corte Constitucional desestimar las pretensiones de inexequibilidad
de las normas demandadas en el proceso de la referencia y declarar la
constitucionalidad de los artículos 122, 123 (parcial), 124, modificados por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y numeral 7 del artículo 32 de la Ley 599 de
2000, porque las normas acusadas no sólo protegen la vida, la salud y la
integridad del nasciturus, sino también de la mujer gestante.
4.1.7 Intervención de la Universidad Santiago de Cali.
El día 14 de febrero de 2006, de manera extemporánea , la Facultad de Derecho de
la Universidad Santiago de Cali, presenta escrito de intervención.
Estima el interviniente que los interrogantes que pretende resolver en su
intervención habrán de ser resueltos desde la perspectiva del derecho penal, de
sus funciones modernas, su misión constitucional, por lo que no se trata de
proponer o no el aborto, sino de minimizar sus consecuencias en procura de una
unidad moral de la sociedad.
Aclara sin embargo, que su opinión solo pretende coadyuvar el cargo contra el
artículo 124 del Código penal, relativo a las circunstancias de atenuación
punitiva por considerar que para dichas circunstancias excepcionales la
penalización del aborto no reúne las condiciones para recibir un tratamiento
punitivo, entendiéndose por ello la judicializacion de la madre que lo practica y
de quien, con su consentimiento, contribuye a su realización.
La discusión, se centra en en determinar qué tan valido resulta dar tratamiento
penal a quien realiza o permite que otro realice una interrupción del embarazo, y
más aún cuando este acto ha sido motivado por circunstancias excepcionales? Se
trata de determinar, no la procedibilidad, la justeza o la constitucionalidad del
aborto, como práctica o convicción, si no lo pertinente que resulta la
penalización de un comportamiento sobre el cual se depositan expectativas
morales y sociales a priori que, la realidad colombiana hoy, no acepta de manera