Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

social, por lo cual las autoridades no pueden ser indiferentes frente a una
decisión en la cual una persona pone en riesgo su vida o su salud. Por ello el
Estado puede actuar en este campo, por medio de medidas de protección, a
veces incluso en contra de la propia voluntad ocasional de las personas, con
el fin de impedir que una persona se ocasione un grave daño a sí mismo. Las
medidas de protección no son entonces incompatibles con la Carta. Sin
embargo, ello no significa que cualquier medida de esta naturaleza sea
admisible, puesto que, en ocasiones, el Estado o la sociedad, con el
argumento de proteger a la persona de sí misma, terminan por desconocer
su autonomía. Por ello la Corte, al reconocer la posibilidad de estas
medidas, había sido muy cuidadosa en señalar que éstas perdían toda
legitimidad constitucional cuando se convertían en políticas
"perfeccionistas", esto es, "en la imposición coactiva a los individuos de
modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual
obviamente contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de
la persona, fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico".
Ahora bien, resulta aquí relevante la interpretación que han hecho distintos
organismos internacionales de derechos humanos respecto de disposiciones
contenidas en distintos convenios internacionales que garantizan el derecho a la
vida y a la salud de la mujer, como el artículo 6 del PDCP 119 , el artículo 12.1 de
la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra
la Mujer 120 , y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales 121 , en el sentido que estas disposiciones, que hacen parte
del bloque de constitucionalidad, obligan al estado a adoptar medidas que
protejan la vida y la salud. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la
salud o la vida de la madre puede constituir, por lo tanto, una trasgresión de las
obligaciones del Estado colombiano derivadas de las normas del derecho
internacional.
En todo caso, esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la salud
física de la mujer gestante sino también aquellos casos en los cuales resulta
afectada su salud mental. Recuérdese que el derecho a la salud, a la luz del
artículo 12 del PIDESC supone el derecho al goce del más alto nivel posible de
salud física y mental, y el embarazo puede causar una situación de angustia
severa o, incluso graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción
según certificación médica.
119 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, El derecho a la vida. Doc. N. U.,
CCPR/C/21, Rev. 1, 30 de julio de 1982.
120 Comité de la Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer.
Recomendación General No. 19, la violencia contra la mujer. Doc. N.U. A/47/28, 30 de enero, 1992,
par. 7.
121 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación general No. 14.