Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

La sentencia 35 de 1997, verso sobre la admisibilidad de un referendo relativo a
varios artículos de la ley de 22 de mayo de 1978 sobre la interrupción voluntaria
del embrazo y de la ley del 22 de mayo de 1987 sobre la protección social para la
maternidad a propósito de un referendo derogatorio. Se revisaron los artículos que,
en lo pertinente, establecían el aborto por malformaciones, el servicio de
obstetricia y ginecología para los abortos por malformaciones, la disposición que
reducía los requisitos de trámite para los abortos cuando el peligro en la vida o
salud de la mujer era inminente, el sistema de registro con confidencialidad de los
abortos practicados en los hospitales, la penalización del aborto cuando no se
surten los trámites establecidos por la ley y el artículo que establecía la entrada en
vigor de la norma y su aplicación. La Corte determinó que la solicitud de
referendo era inadmisible ya que no pueden ser derogadas las disposiciones que
tengan un contenido mínimo de protección constitucional, como las disposiciones
revisadas. Así la norma protegía derechos constitucionales y eliminar las
disposiciones eliminaría dicha protección. Igualmente se consideró que si se
eliminaban dichos artículos no existiría regulación para el aborto y sería permisible
en todos los casos atentando contra el derecho reconocido a la vida potencial
además de la protección a la salud y vida de la madre, quien también tiene el
derecho reconocido de terminar su embarazo bajo ciertas condiciones.
Las Corte primero reiteró el precedente establecido en la sentencia 27 de 1975:
Que conforme a la Constitución la protección jurídica del no nacido, de
acuerdo a sus características propias, se coloca entre los derechos
inviolables del hombre, reconocidos y garantizados por el artículo 2 de la
Constitución, es decir derecho a la vida, y objeto éste de específica
protección constitucional;
Que del mismo modo tiene fundamento constitucional en la protección a la
maternidad (art. 31, segundo inciso de la Constitución) y son derechos
fundamentales aquellos relativos a la vida y a la salud de la madre;
Que el balance entre estos derechos fundamentales, cuando sean ambos
expuestos al peligro, se encuentra en la salvaguarda de la vida y de la
salud de la madre, debiéndose salvar, cuando sea posible, la vida del feto.
Que con el fin de realizar de modo legítimo este balance, es obligación del
legislador tomar las medidas necesarias para impedir que el aborto sea
realizado sin una serie de garantías sobre la realidad y gravedad del daño o
peligro que puede causarle a la madre continuar con el embarazo y, por lo