Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

afectación del derecho a la vida o a la salud de la mujer gestante. Se acudió a la
noción de peligro, a secas, porque en el derecho constitucional colombiano los
derechos fundamentales deben ser garantizados no solo frente a vulneraciones
sino, además, ante amenazas, como se deduce del texto constitucional y de la
extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre estos derechos, en
especial sobre la conexidad entre vida y salud. Por esta razón, el
condicionamiento atinente al aborto terapéutico tiene un alcance mayor entre
nosotros, como se aprecia a partir de la descripción del derecho comparado.
Lo anterior no significa que las hipótesis en las cuales la interrupción voluntaria
del embarazo no es constitutiva de delito, según el condicionamiento al artículo
122 acusado, no sean la síntesis de los límites extremos al margen de
configuración del legislador en el contexto constitucional colombiano. Una cosa
es determinar lo que la Constitución prohíbe y otra lo que ésta permite. Como se
advierte en la sentencia, la Constitución permite que el legislador vaya más lejos
en la formulación de su política pública en esta materia, pero le prohíbe tratar
como delincuente tanto a la mujer que expresa su voluntad libre de interrumpir
su embarazo en las tres hipótesis mencionadas, como al médico que le practique
el aborto.
En el condicionamiento al artículo 122 no hay referencia alguna a plazos, a
diferencia de lo que sucede en el derecho comparado. Ello obedece a dos
razones esenciales. Primero, el respeto al margen de configuración del
legislador, quien a partir de consideraciones médicas, de política social o de otra
índole puede fijar plazos distintos o no fijar ninguno. Segundo, al contenido
mismo de cada una de las tres hipótesis contempladas en el condicionamiento.
En efecto, respecto del aborto terapéutico, la necesidad de precaver un peligro
para la vida o la salud de la mujer gestante no es claramente sujetable a un plazo
general derivado de la Constitución. Lo mismo puede decirse del aborto
eugenésico en la definición extrema plasmada en el condicionamiento. Otra sería
la situación si la definición del aborto eugenésico fuera más amplia. En lo
atinente a la tercera hipótesis, la carga que representa para la mujer denunciar
una violación o un incesto, por ejemplo, aumenta con el paso del tiempo, como
también se incrementa su vinculación afectiva con el ser engendrado, lo cual
tendrá incidencia en su decisión – responsable y de buena fe,
constitucionalmente presumida - de interrumpir el embarazo. Igualmente, a
medida que pase el tiempo, la relación de causalidad entre el embarazo y el acto
delictivo que lo ocasionó puede ser más difícil de probar en el evento de que
alguien dude de la veracidad de lo afirmado por la mujer. Sin duda, como en la
hipótesis del aborto por razones éticas basta la denuncia del acto delictivo que
ocasionó el embarazo, en la decisión responsable de la mujer, así como en la del
médico al que ella acuda, pesará el hecho de que se haya llegado al momento de
viabilidad del feto. Finalmente, cabe resaltar que en el evento en que el
legislador decidiera regular la materia de acuerdo a un sistema de indicadores