Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

La Constitución no prohíbe la restricción de los derechos fundamentales. Así,
por ejemplo, reiteradamente la Corte ha afirmado que el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 13 superior no impide que la ley establezca tratos
diferentes, sino que exige que éstos tengan un fundamento objetivo y razonable.
De manera general, la jurisprudencia ha admitido que la restricción de los
derechos fundamentales es constitucionalmente admisible, siempre y cuando
supere el llamado test o juicio de proporcionalidad, que comprende distintas
etapas. En efecto, en la aplicación de dicho test, el juez constitucional debe
superar varios pasos: el primero consiste en verificar si la restricción del derecho
fundamental persigue un objetivo constitucionalmente válido. Determinado lo
anterior, debe examinar si la medida para lograr dicho objetivo es “adecuada”
para ello, es decir si resulta idónea para alcanzar el propósito constitucional de
que se trata. Establecida la idoneidad de la medida, debe constatarse que la
misma sea necesaria o indispensable para ese propósito, es decir debe verificarse
que no existan otros medios alternativos para lograr el mismo objetivo, que no
impliquen restricción de derechos fundamentales. Por último, el juez debe
realizar un análisis de “proporcionalidad en estricto sentido” que consiste en
establecer si el sacrificio del derecho fundamental implicado no resulta excesivo
frente a la realización de los logros o beneficios obtenidos. 504
Así pues, para justificar constitucionalmente el aborto terapéutico, como lo hizo
la decisión de la que nos apartamos, era necesario determinar si la restricción de
derechos de que es objeto el feto en este tipo de aborto, en aras de la vida de su
madre, superaba el aludido test de proporcionalidad. Para los suscritos, dicho
aborto terapéutico no superaba el referido escrutinio de proporcionalidad, como
pasa a demostrarse:
En cuanto al objetivo perseguido con esta modalidad de aborto –salvar la vida de
la madre-, ciertamente el mismo se ajusta a la Carta, que define que todas las
personas tienen derecho a la vida y que las autoridades de la República están
construidas para defender este derecho. Así pues, el aborto terapéutico persigue
un fin constitucionalmente válido. Adicionalmente, la medida escogida puede
estimarse adecuada, pues una vez determinado médicamente que la muerte y
extracción del feto llevarían al reestablecimiento de la salud materna y a conjurar
el peligro de muerte que sobre ella pesa, la idoneidad de tal medida aparece
demostrada. Así mismo, en ciertos casos tal procedimiento puede revelarse como
necesario para conjurar el riesgo de muerte, en el sentido de no existir otro
tratamiento, medicamento o procedimiento alternativo que conduzca a los
mismos resultados.
Empero, el requisito de proporcionalidad en sentido estricto no se cumple.
Ciertamente, el sacrificio o afectación de derechos del feto resulta superior al
504 Ver, entre otras, las Sentencias C-221 de 1992, C-430 de 1993, T-230 de 94, C-445 de 1995, C-
022 de 1996. T-352 de 1997, C-563 de 1997 y C-112 de 2000 C-093 de 1991, etc.