Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

deba ser tenida como principio o norma de referencia para el control abstracto de
constitucionalidad es necesario que, además, de cumplir con todos los requisitos
anteriormente mencionados que determinan su carácter de fuente del derecho
internacional, sea adoptada por un órgano de control de un tratado que consagre
derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de
excepción, es decir aquel que integre el llamado bloque de constitucionalidad
stricto sensu; y para que tal categoría de fuentes pueda ser tenida como
parámetro del examen de constitucionalidad se requiere que siendo
internacionalmente vinculante, provenga de un órgano de control de un tratado
que consagre derechos humanos, es decir que forme parte del bloque de
constitucionalidad lato sensu.
Consideraciones sobre la potestad de configuración del legislador en
materia penal
En cuanto concierne al alcance del control por parte de la Corte Constitucional
sobre las normas que consagran tipos penales y que contienen la política criminal
del Estado, se ha de reiterar en esta parte del análisis que la garantía de potestad
de conformación que al respecto radica la Constitución en el legislador no tiene
límites distintos de los que impone el respeto por los derechos humanos. Así lo
ha sentado la jurisprudencia constitucional en decisiones entre las cuales se
revelan, como hitos importantes para el asunto en estudio, la propia sentencia C-
133 de 1994, la sentencia C-013 de 1997 y en la sentencia C–647 de 2001, las
tres relativas a la potestad de configuración del legislador en materia de aborto, y
la sentencia C–420 de 2002 sobre algunos artículos del estatuto nacional de
estupefacientes. En esta última se lee:
“De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio políticocriminal
del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de
estupefacientes, es susceptible de control constitucional?. En otros términos:
¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un
mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese
tipo de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada
una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación
con el Texto Superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad?
“Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es
titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política
criminal. Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única
instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política
criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de
comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio
de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el