Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

se configura como una circunstancia de atenuación punitiva, lo que significa que
tales casos se tipifican sencillamente como aborto.
Es importante dejar muy claro que no se está hablando, en este caso concreto,
del llamado aborto eugenésico diseñado para consolidar proyectos raciales
absolutistas.
El caso en discusión hace referencia al evento de que exista demostración
científica indudable que se trata de un embrión afectado por alteraciones
genéticas irreversibles, que conduzcan a la inviabilidad vital del recién nacido y
su existencia incompatible con la vida. En este punto, recuerda la Defensoría la
importancia del valor de dignidad implícito en cada uno de los seres humanos,
por lo que todo ser humano tiene el derecho de acceder al mínimo de
condiciones de existencia necesarias, de tal manera que pueda vivir en medio de
un ambiente favorable para su posterior desarrollo.
Por las razones anteriores, la penalización absoluta e indiscriminada del aborto
consentido, vulnera los principios de la dignidad humana, vida e igualdad
(Preámbulo y artículos 1 y 2 de la CP), de los derechos a la vida (CP, art. 11), a
la integridad persona (CP, art. 12), a la igualdad (CP, art. 13), a la intimidad
(CP, art. 15), a la libertad de conciencia (CP, art. 18) al libre desarrollo de su
personalidad (CP, art. 16), a la libertad personal (CP, art. 28) a la igualdad en las
relaciones familiares y en la autonomía procreativa (CP, art. 42), los derechos
prevalentes de las niñas y adolescentes (CP, art. 44), y el derecho a la salud (CP,
art. 49).
También desconoce los artículos 2, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 23, 24 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1, 4, 5, 7, 12, 17, 19
y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 2,
literales f y g, 5, literales a y b y 10, literal h, de la Convención de Naciones
Unidas sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y el artículo 3, literales a, b, e, f, i, y los artículos 6 y 8, literal a, de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
Contra la Mujer y se desconoce el principio 4 de los Principios fundamentales de
la Justicia para las Víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptado por la
Asamblea General en su Resolución 40/3, de 29 de noviembre de 1985.
En tal virtud, la Defensoría del Pueblo solicita a la Corte Constitucional declarar
la constitucionalidad condicionada del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, la
inconstitucionalidad del artículo 124, y la inconstitucionalidad de la expresión
acusada del artículo 123 del Código Penal, en los términos expuestos en este
escrito, para poner término a estos actos de violencia contra la mujer.
5. El Derecho Comparado