Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

aborto inducido como un grave problema de salud pública en Colombia, el cual
afecta en mayor medida a las adolescentes, a las mujeres desplazadas por el
conflicto armado y a aquellas con menor nivel de educación y con menores
ingresos, pues debido a la sanción penal, el aborto debe practicarse en
condiciones sanitarias inseguras que ponen en grave riesgo la salud, la vida y la
integridad personal de quienes se someten a esta práctica.
El Ministerio Público, comparte la apreciación de los demandantes que no se ha
configurado el fenómeno de cosa juzgada material ni formal respecto de
decisiones previas de esta Corporación y solicita la declaratoria de exequibilidad
condicionada del artículo 122 del Código Penal, y la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 124 y de la expresión “o en mujer menor de catorce
años” contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000. A juicio del
Procurador la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser penalizada en las
siguientes circunstancias: i) cuando la concepción no haya sido consentida por la
mujer, ii) si se trata de embarazos con grave riesgo para la vida o la salud física
o mental de la mujer, iii) cuando un dictamen médico certifique la existencia de
enfermedades o disfuncionalidades que hagan el feto inviable. Luego de hacer un
extenso recuento del alcance de la dignidad humana en la Carta Política de 1991
y del alcance del derecho a la vida y del derecho a la libertad a la luz de este
principio, valor y derecho fundamental, concluye el Ministerio Público que la
penalización del aborto en las circunstancias antes mencionadas constituye una
sanción irracional y desproporcionada a la mujer que decide interrumpir la
gestación, la cual constituye una injerencia en sus derechos fundamentales y un
exceso en el ejercicio de la libertad de configuración del legislador en materia
penal. En esa medida concluye que es necesario despenalizar el aborto en las
hipótesis antes mencionadas. Afirma que las causales de atenuación e incluso de
exclusión de la sanción penal previstas en el artículo 124 acusado son
inexequibles porque en los supuestos previstos por esta disposición no es útil ni
proporcionado ni necesario sancionar a la mujer que aborta. Finalmente sostiene
el Procurador que la circunstancia de agravación punitiva prevista en el artículo
123 del Código Penal no es una medida que esté encaminada a proteger el
interés superior de la menor y que además limita de manera desproporcionada la
autonomía de las menores de catorce años, razones que deben conducir a la
declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “o en mujer menor de
catorce años” contendida en esta disposición.
Planteado en los anteriores términos el debate constitucional, corresponde a esta
Corporación examinar previamente la procedibilidad de la demandas
presentadas, pues tanto los actores, como algunos intervinientes y el Ministerio
Público plantean la posibilidad de la configuración del fenómeno de cosa
juzgada material y formal frente a decisiones previas de esta Corporación,
13 Ver la intervención de la Academia Nacional de Medicina.