Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

En escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 10 de
febrero de 2006, la Directora de la Corporación Cisma Mujer, doctora Claudia
María Mejía Duque interviene en los siguientes términos:
Advierte que no es posible predicar cosa juzgada material respecto del artículo 122
de la Ley 599 de 2000 porque no se reúne el principal requisito establecido en la
jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, para que se produzca tal figura,
como es que el acto jurídico sea materialmente idéntico a otro que ya fue objeto de
pronunciamiento.
Señala que aunque la descripción de la conducta tipificada en el artículo 343 del
decreto 100 de 1980 es igual a la contenida en el artículo 122 de la Ley 599 de
2000, la pena es diferente, y en tanto la pena del delito de aborto y cl monto de
la pena hace parte de la estructura jurídica básica de un tipo penal, la norma que
en este momento es demandada, es diferente a la que ha sido objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, respecto del
artículo 122 de la ley 599 de 2000 no existe cosa juzgada constitucional en
sentido formal ni en sentido material.
Ahora bien, la penalización del aborto que consagra el artículo 122 de la Ley,
599 de 2000 modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, es
inconstitucional porque vulnera los derechos a la dignidad, autonomía
reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, a estar libre de tratos crueles,
inhumanos y degradantes así como las obligaciones de derecho internacional de
derechos humanos. por las razones expresadas en la demanda presentada por
Mónica Roa. Además de ellos, la demanda señala como derechos violados, los
derechos a la vida y la salud y el derecho a la igualdad y a estar libre de
discriminación, sobre los cuales nos permitimos ampliar la argumentación.
De manera adicional a los derechos anteriormente citados. las normas
demandadas vulneran los derechos a la libertad de conciencia y al libre
desarrollo de la personalidad (Artículos 18 y 16 C.P) y va en contravía del
carácter laico del Estado Colombiano: (Artículos 1 y 19 C.P)
La penalización del aborto practicado como un tratamiento médico para
salvaguardar la vida y/o la salud de la mujer es inconstitucional, porque cuando
se penaliza incluso en casos en los cuales se pone en peligro la vida o la salud de
la mujer, impide la obligación constitucional de garantizar sus derechos a la vida
y a la salud.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado el ámbito de
aplicación de los derechos fundamentales a la vida y a la salud en instancia de
tutela, ha garantizado estos derechos cuando quiera que se encuentren
amenazados por la negativa de instituciones de salud a practicar determinados