Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

hacen parte del bloque de constitucionalidad, cosa diferente a atribuirle a dicha
jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad.
Adicionalmente, la Corte ha sido enfática en referirse a la jurisprudencia
proveniente de instancias internacionales, alusión que atañe exclusivamente a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, única instancia judicial del Sistema
Interamericano. Por lo tanto, con menor razón podría atribuírsele el carácter de
bloque de constitucionalidad a las recomendaciones y observaciones formuladas
por otros organismos internacionales que no tienen atribuciones judiciales, lo que
no excluye que las recomendaciones y observaciones formuladas por organismos
de esta naturaleza puedan ser tenidas en cuenta para interpretar los derechos
fundamentales contenidos en la Carta de 1991 103 , y que su relevancia varíe según
sea su naturaleza y función a la luz del tratado internacional correspondiente.
Pero al margen de esta distinción, los tratados internacionales de derechos
humanos que según la jurisprudencia constitucional están incorporados al bloque
de constitucionalidad, constituyen un claro límite a la potestad de configuración
del legislador en materia penal, y en esa medida distintas disposiciones del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminar de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, que sin ser determinantes y dejan
un margen de configuración al legislador, cobran relevancia para examinar la
constitucionalidad de la prohibición total del aborto como se analizará en el
acápite diez de esta decisión.
8.5. La proporcionalidad y la razonabilidad como límites al libertad de
configuración del legislador en materia penal.
En numerosas decisiones la Corte Constitucional ha afirmado que el Legislador
cuenta con un amplio margen para establecer las conductas punibles y
determinar sus sanciones, sin embargo, también ha indicado que el poder
punitivo cuenta con límites en esa labor, tales como el de respetar los derechos
constitucionales y atender los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sobre este extremo resulta pertinente transcribir in extenso la sentencia C-070 de
1996 104 :
“El Estado Social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar
de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la
configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena
103 En la sentencia C-200 de 2002 la Corte Constitucional sostuvo que las recomendaciones de los
órganos de control de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia debían ser tenidas
en cuenta para interpretar los derechos fundamentales consagrados por la Constitución.
104 La sentencia versó sobre el artículo 372 del decreto 100 de 1980 – el Código Penal anterior -, que
contemplaba las circunstancias genéricas de agravación de las sanciones para algunos delitos.